La Unión Estadounidense de Libertades Civiles presentó nuevas pruebas en un tribunal federal que indican que agentes de la Patrulla Fronteriza eligieron un lavadero de autos en Whittier mediante una búsqueda en Google y detuvieron a un ciudadano estadounidense de origen latino.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó ante un tribunal federal nuevas pruebas sobre una redada migratoria en Los Ángeles que comenzó con una búsqueda en Google. Según la denuncia, los agentes eligieron un lavadero de autos de Whittier porque figuraba entre los negocios más cercanos y retuvieron allí a un ciudadano estadounidense de origen latino.
De acuerdo con EFE, el operativo ocurrió el 18 de junio de 2025 en Whittier, una ciudad del condado de Los Ángeles. El procedimiento formó parte de las primeras acciones migratorias de gran escala impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump en el área metropolitana.
Un agente de la Patrulla Fronteriza explicó bajo juramento que el equipo buscó en Google los lavaderos ubicados cerca del punto donde estaba desplegado.
Los funcionarios detuvieron en ese negocio a uno de los hombres que encabeza la demanda. Se trata de un ciudadano estadounidense de origen latino al que retuvieron mientras verificaban su estatus legal.
La moción sostiene que las autoridades realizaron este tipo de procedimientos mediante “patrullas móviles”. Los equipos recorrían diferentes comunidades sin buscar a una persona identificada previamente.
Pruebas presentadas por la ACLU
Los documentos forman parte del caso Vasquez Perdomo v. Mullin. Residentes, trabajadores y organizaciones presentaron la demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en julio de 2025 para cuestionar detenciones relacionadas con cuotas arbitrarias de arrestos.
La nueva solicitud de una medida cautelar llegó después de varios meses de recopilación acelerada de pruebas. Según informó la ACLU del Sur de California, el expediente incluye directivas internas que alentaban a los agentes a incrementar las detenciones de personas que no figuraban como objetivos de las autoridades migratorias.
También contiene declaraciones juradas en las que funcionarios reconocieron que la aparente ascendencia hispana influyó en las decisiones sobre quién debía ser interceptado. A esos testimonios se sumaron comunicaciones internas, registros operativos y videos obtenidos mediante cámaras corporales.
Contenido de las grabaciones
Una de las grabaciones muestra a un funcionario que pidió a otro que los asignara a cualquier lugar donde encontrara “tonks”. La ACLU explicó que esa palabra constituye un término despectivo y violento asociado con el sonido de una linterna cuando golpea la cabeza de un migrante.
Otros agentes utilizaron la expresión “wet” mientras evaluaban la situación migratoria de distintas personas a partir de su apariencia. El término deriva del insulto racista “wetback”, dirigido históricamente contra mexicanos y otros migrantes latinoamericanos que cruzaban el río Grande.
Mayra Joachin, subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU del Sur de California, afirmó que los registros oficiales exponen “un patrón de perfilamiento racial”. Según expresó, las evidencias muestran que los funcionarios detuvieron a personas sin justificación y, en numerosos casos, por el color de su piel.
Fundamentos legales de la demanda
La moción sostiene que los procedimientos vulneraron la Cuarta Enmienda y la garantía de igualdad ante la ley establecida por la Quinta Enmienda.
Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla), señaló que la documentación respaldó las denuncias realizadas desde el comienzo de los operativos. La dirigente afirmó que los arrestos “nunca fueron sobre seguridad”, sino sobre “el color de piel”.
Un tribunal federal de distrito dictó inicialmente una orden de restricción temporal que limitó determinadas intervenciones. En septiembre de 2025, la Corte Suprema suspendió esa disposición.
Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers (UFW), afirmó que el miedo provocado por las redadas todavía afecta a los trabajadores agrícolas de California. Según señaló, muchas personas concurren a sus empleos con temor de no regresar a sus hogares.
Próximos pasos judiciales
El tribunal programó una audiencia para el 24 de septiembre a las 10 hs. Mientras avanza el litigio, permanece suspendida la orden temporal que había limitado determinadas acciones de las autoridades federales.