La gobernadora de Nueva Jersey celebró que un tribunal de distrito de Estados Unidos desestimara la demanda de la administración Trump contra la Orden Ejecutiva 12, firmada en febrero de 2026.
Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, emitió un comunicado oficial el 4 de septiembre tras la decisión judicial que desestimó la demanda del gobierno federal contra la Orden Ejecutiva 12, firmada en febrero de 2026.
«El ICE no hace que las comunidades de Nueva Jersey sean más seguras; por eso firmé una orden ejecutiva que restringe el acceso de sus agentes no capacitados a propiedades estatales privadas», expresó Sherrill.
La mandataria estatal celebró el resultado obtenido en los tribunales frente al recurso de la administración federal. «Una vez más, Trump intentó detenernos, y una vez más, ganamos», afirmó.
Asimismo, Sherrill sostuvo que su objetivo principal consiste en defender la tranquilidad de las comunidades.
Orden Ejecutiva 12: restricciones a agentes federales
La orden ejecutiva número 12, promulgada por Sherrill en febrero de 2026, impide que las agencias estatales autoricen el acceso de agentes federales de inmigración a áreas no públicas de propiedades estatales para tareas de control migratorio civil, salvo que exista una orden judicial o se aplique alguna de las excepciones previstas.
Según New Jersey Monitor, la disposición prohíbe, con determinadas excepciones, utilizar propiedades estatales como zonas de preparación, procesamiento o bases de operaciones de control migratorio civil.
La norma delimita el alcance del poder estatal sobre sus propios inmuebles sin interferir en las competencias federales. Bajo este marco regulatorio, el Estado actúa en su condición de propietario inmobiliario para restringir el ingreso de personal externo a sus dependencias.
Fallo judicial: por qué se rechazó la demanda de Trump
La administración del presidente Donald Trump presentó la demanda judicial en febrero de 2026 con el argumento de que la orden ejecutiva violaba la ley federal. El gobierno federal alegó que la medida discriminaba a los agentes de inmigración e intentaba regular al ejecutivo nacional.
Sin embargo, la jueza Georgette Castner determinó que las leyes federales citadas por el gobierno no imponen a las autoridades estatales el deber de cooperar con las fuerzas federales. La magistrada explicó que la ley federal contempla la asistencia de los estados de manera voluntaria.
Además, el fallo judicial estableció que obligar a Nueva Jersey a aportar sus recursos para la aplicación de las leyes federales de inmigración vulneraría la doctrina constitucional que impide al gobierno federal imponer esas tareas a los estados.
En tanto, la resolución del tribunal concluyó que la orden ejecutiva de Nueva Jersey no interfiere con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración. Por último, confirmó que el gobierno federal no logró demostrar que la orden discriminara a las autoridades federales de inmigración. La jueza resaltó que la orden ejecutiva se aplica a la propiedad estatal en el ejercicio legítimo de los derechos del Estado como propietario.