Un grupo de reclusos presentó ante la UFI 9 de Florencio Varela un comprobante de una transferencia de 300 mil pesos realizada por Juan Cruz Echeverría, hijo del preso Roberto Carlos Echeverría, al entonces jefe del penal Lucas Sergio González. La denuncia apunta a una posible red de cohecho, narcotráfico y extorsión en la cárcel.
Un grupo de reclusos de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una nueva prueba en la causa que investiga a los presos del pabellón número 1, ex miembros de Fuerzas Armadas y de Seguridad que formarían parte de «La Comitiva» o «Limpiezas y Mantenimiento», acusada de posible narcotráfico intramuro, extorsión y otros delitos en supuesta connivencia con autoridades carcelarias.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la nueva prueba presentada ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 9 de Florencio Varela es una transferencia de 300 mil pesos realizada a través de Mercado Pago el pasado 7 de junio por Juan Cruz Echeverría, hijo del preso Roberto Carlos Echeverría, hacia el entonces jefe del Penal, Lucas Sergio González.
González fue trasladado de unidad carcelaria en julio pasado luego de una denuncia por violencia de género presentada por su ex pareja. En su lugar asumió Luciano Federico Días. Los presos que presentaron el escrito ante la Justicia afirmaron que «nada cambió y todo sigue igual», ya que el director de la U31, José Othasegui, «no hizo nada» ante el escándalo y «sólo sacó a Echeverría y a Juan Alejandro Osuna Aguirre, pero siguen todos los demás».
En la denuncia por presunto «cohecho bancarizado» se presentó el comprobante de la transferencia. Los denunciantes sostuvieron: «Venimos por medio del presente a aportar un elemento de prueba documental y técnico-financiero de carácter trascendental, el cual acredita de manera directa e irrefutable la existencia del circuito de cohecho, asociación ilícita y lavado de activos que opera dentro del establecimiento carcelario».
«Se aporta una de las constancias bancarias que comprueba el pago periódico de sobornos desde el entorno directo de los líderes de la facción interna (‘Los Limpiezas y Mantenimiento’) hacia la máxima autoridad de seguridad del penal, el entonces jefe de Penal, subprefecto Lucas González», indicaron.
«Se incorpora a la presente instrucción el comprobante oficial de transferencia electrónica emitido por la plataforma Mercado Pago. La acreditación de este flujo dinerario documenta la contraprestación espuria brindada por la Jefatura del penal a favor de la cúpula de ‘La Comitiva'», remarcaron.
Asimismo, detallaron que el dinero abonado tiene relación con: «Amparo del Narcotráfico Intramuros: provisión de una ‘zona liberada’ que permite el libre ingreso, acopio (en cisternas de agua comunes) y comercialización de sustancias estupefacientes (cocaína y marihuana) sin intervención de requisas institucionales».
«Respaldo Institucional para Expulsiones y Desalojos Violentos: permisividad absoluta para que los referentes golpeen y desalojen por la fuerza a internos que se resisten al pago de cuotas extorsivas (cánones de refacción y despojo de mercadería provistas por las familias de los damnificados); y la confección de traslados fraudulentos mediante la convalidación de falsos ‘avales de convivencia’ redactados en las computadoras oficiales de la Oficina de Ayudantía por el interno de confianza de la banda García Rubén Darío para justificar la expulsión de las víctimas y la posterior venta ilegal de plazas habitacionales», remarcaron.
Los reclusos denunciantes esperan que la UFI 9 de Florencio Varela «no siga haciendo oídos sordos y lleve adelante una investigación en serio». Señalaron que en el último allanamiento, «tanto los de ‘La Comitiva’ como las autoridades carcelarias fueron avisados -y no por la Policía- seis o siete horas antes de que se efectúe», por lo que «escondieron las drogas y los aparatos de Internet en el pabellón 3», según revelaron a NA.
En el procedimiento ordenado por la autoridad judicial el mes pasado, 11 internos fueron imputados en el marco de una causa en la que se logró desbaratar a una organización criminal dedicada a extorsiones, narcotráfico y estafas dentro de la cárcel.
El operativo fue realizado por oficiales de la DDI Quilmes, a partir de una investigación iniciada tras denuncias realizadas por familiares de detenidos e internos alojados en el Pabellón 1 de la Unidad 31. Como resultado de las medidas fueron imputados 11 presos y se secuestraron 13 celulares que serán incorporados a la causa. Uno de los hallazgos se produjo dentro de la Oficina del subdirector, donde fueron encontrados dos móviles.
Los implicados fueron identificados como Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre, Antonio Agustín Romero Ramua, Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes, Rubén Darío García, Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.