La norma, que entró en vigor el 1° de julio, elimina trabas de zonificación y obliga a los condados a autorizar uso residencial multifamiliar en terrenos comerciales o industriales.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley HB 1389 para acelerar el desarrollo de proyectos de vivienda asequible en todo el territorio estatal. La reforma elimina trabas burocráticas y modifica las normas de zonificación para incrementar la oferta de unidades disponibles.
La ley entró en vigor el 1° de julio tras la firma de DeSantis. Se trata de una actualización a la Live Local Act y obliga a los condados y municipalidades a autorizar el uso residencial multifamiliar y de uso mixto en terrenos donde antes solo se permitía zonificación comercial, industrial o mixta.
Esto quiere decir que los desarrolladores inmobiliarios ya no necesitan solicitar un cambio de uso de suelo. Asimismo, los gobiernos locales tienen prohibido emplear excepciones especiales o enmiendas a la regulación estatal.
Según el texto de la ley, para acceder a esta vía rápida de aprobación, las obras deben destinar al menos el 40% de sus unidades residenciales al alquiler asequible por un período mínimo de 30 años.
De igual manera, los ayuntamientos no pueden restringir la altura de los edificios por debajo del límite permitido en la jurisdicción dentro de un radio determinado.
La ley también prohíbe imponer retranqueos o escalonamientos más estrictos que reduzcan la capacidad máxima de construcción autorizada.
Las familias de ingresos medios y bajos que buscan viviendas de alquiler asequible son las más beneficiadas a través de la expansión de la oferta residencial, según los impulsores de la norma.
Las familias de personal militar activo también obtuvieron facilidades para acceder a un techo en el estado.
Además, la regla autoriza a los gobiernos locales a otorgar bonificaciones de densidad a los propietarios que donen terrenos para la construcción de viviendas destinadas a este sector.
Además, las instituciones religiosas con casas de culto operativas por al menos diez años pueden usar terrenos mayores a tres acres para desarrollar proyectos comunitarios de vivienda.
De la misma forma, las juntas escolares y las administraciones locales adquieren la facultad de destinar sus propiedades públicas a la construcción de estos complejos.
Entre sus cambios más significativos, la ley prohíbe cualquier práctica discriminatoria en las decisiones de uso de suelo o permisos de desarrollo basadas en la fuente de financiamiento.
Esta protección legal abarca los proyectos destinados a la vivienda asequible para evitar bloqueos injustificados en los municipios.
Para fortalecer esta disposición, el Estado renunció a su inmunidad soberana en las acciones civiles derivadas de violaciones a la ley de vivienda justa.
Esta medida permite a los afectados iniciar demandas judiciales y solicitar órdenes de amparo o compensaciones económicas en los tribunales.
Por otra parte, la legislación ordena a la Oficina de Análisis de Políticas Públicas y Rendición de Cuentas del gobierno estatal realizar dos evaluaciones de impacto. El organismo examinará la eficacia del financiamiento para estimular la construcción de viviendas.
Igualmente, el departamento analizará el potencial de las minicasas o pequeñas residencias como solución habitacional en el estado.
La entidad entregará un informe final con recomendaciones operativas a los presidentes de ambas cámaras legislativas a más tardar el 31 de diciembre de 2027.