La Asociación de Maestros y Profesionales de La Rioja (AMP) denunció descuentos de entre $300.000 y $400.000 en los haberes de docentes con dos cargos que participaron de medidas de fuerza. El gremio presentó una intimación al Ministerio de Educación provincial.
La Asociación de Maestros y Profesionales de La Rioja (AMP) denunció descuentos de entre $300.000 y $400.000 en los haberes de trabajadores con dos cargos que participaron de medidas de fuerza. Los recibos correspondientes a agosto estuvieron disponibles durante la madrugada del 2 de septiembre, según informó la Agencia Noticias Argentinas.
El secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, afirmó que el gremio recibió decenas de comprobantes con la quita del Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE) y envió cartas documento al Ministerio de Educación. La organización sindical reportó más de treinta docentes afectados, aunque De Leonardi precisó que en la presentación inicial se incorporaron entre 20 y 30 casos.
De Leonardi explicó que el IPE representa alrededor de $160.000 por cargo. En el caso de quienes acumulan dos puestos, la pérdida del adicional puede ubicarse entre $300.000 y $400.000. También sostuvo que el salario básico docente es de $348.581, por lo que la quita absorbe una porción determinante del ingreso mensual.
El gremio calificó los descuentos como “arbitrarios”, “extorsivos” y una represalia. No existe hasta el momento una sentencia judicial ni una resolución administrativa que haya invalidado las liquidaciones.
El Gobierno provincial diseñó el IPE como un incentivo ligado a la presencia frente al aula, con límites de inasistencias para conservar el pago. AMP lo denomina “presentismo encubierto” y sostiene que la pérdida total del adicional puede activarse al superar dos faltas, incluso ante enfermedad, atención de familiares o duelo. El sindicato reclama que el monto sea incorporado al básico.
La Provincia confirmó a fines de 2025 la continuidad del incentivo durante todo 2026 y lo presentó como una medida para sostener el salario docente frente al retiro de fondos nacionales. Según De Leonardi, el temor a perder el IPE redujo la adhesión a la última huelga respecto de la anterior, lo que motivó la decisión de judicializar los descuentos.