La inteligencia artificial ya incide en la información, las campañas y la administración electoral. Gobiernos, organismos electorales y especialistas de América Latina y el Caribe se reúnen en Santo Domingo para discutir cómo encuadrarla en las reglas democráticas.
La inteligencia artificial (IA) ya no es un factor externo a los sistemas democráticos. Según el secretario general de IDEA Internacional, la tecnología está modificando la manera en que la ciudadanía se informa, las campañas persuaden, las noticias falsas circulan y el poder se distribuye entre ciudadanos, gobiernos y actores privados. La cuestión central no es si la IA afectará a la democracia, sino si las democracias podrán someterla a sus reglas antes de que otros poderes la utilicen con fines no democráticos.
El impacto de la IA es particularmente relevante en los procesos electorales, donde la democracia se traduce en tareas concretas: organizar comicios, contar votos, aceptar resultados y transferir poder. Estas operaciones dependen de certeza jurídica, imparcialidad política, excelencia administrativa y confianza ciudadana.
La IA introduce riesgos verificables en los comicios: abarata y acelera la producción de desinformación, puede amplificar la polarización, contaminar el entorno informativo, vulnerar la privacidad y superar la capacidad de las autoridades electorales para garantizar una competencia equitativa y un resultado confiable.
Sin embargo, el mismo documento señala que la IA también puede contribuir a la gestión electoral si se utiliza con responsabilidad, transparencia y supervisión. Entre sus usos potenciales se mencionan el análisis de información, la detección de interferencias, la agilización de trámites y la mejora del acceso a la información electoral en múltiples idiomas.
El texto sostiene que detener el cambio tecnológico no es viable ni deseable. La tarea consiste en gobernarlo de manera democrática y orientarlo hacia la expansión de la libertad, la protección de la dignidad humana y la creación de bienestar compartido.
Para ello, se plantean preguntas políticas y técnicas: ¿cómo está diseñada la infraestructura de los sistemas que median el debate público en línea?, ¿qué datos alimentan la IA utilizada en procesos electorales y con qué salvaguardas?, ¿cómo se preserva una supervisión humana significativa cuando las instituciones públicas usan herramientas automatizadas? Estas cuestiones se consideran centrales para la salud de la vida democrática.
En América Latina y el Caribe existe experiencia en gestión electoral, observación, resolución de controversias y respuesta a la desinformación. No obstante, la velocidad de la IA exige una nueva capa de preparación institucional y social para aumentar la resiliencia de las instituciones democráticas.
La respuesta, según el documento, requiere la participación de todos los actores: los gobiernos deben proteger derechos sin sofocar la innovación; los organismos electorales deben defender la integridad de los procesos; la sociedad civil y la academia deben vigilar, investigar y proponer; y las organizaciones internacionales deben convocar, apoyar y advertir antes de que la inacción genere daños irreversibles.
Esta semana, en Santo Domingo, autoridades electorales, gobiernos y especialistas de la región se reúnen con el apoyo de IDEA Internacional y la colaboración de la Junta Central Electoral para avanzar en la construcción de conocimiento compartido, elevar la alfabetización institucional en IA y fortalecer salvaguardas antes de que la próxima crisis ponga a prueba a las instituciones democráticas.
El texto concluye que la democracia no puede permanecer pasiva frente a la IA. Si se busca que esta tecnología sirva al interés público, los actores institucionales, políticos y sociales deben gobernarla con los principios que sostienen la vida democrática: libertad, igualdad, transparencia, rendición de cuentas y protección de la dignidad humana.