La Corte Suprema de Justicia estableció que la defensa de bienes patrimoniales no autoriza el uso de fuerza letal desproporcionada cuando no existe una amenaza comprobada contra la vida o la integridad física.
La Corte Suprema de Justicia precisó que una persona puede reaccionar para proteger su propiedad frente a una agresión ilegítima, pero advirtió que esa facultad no autoriza el uso de fuerza letal desproporcionada cuando no existe una amenaza comprobada contra la vida o la integridad.
El pronunciamiento se produjo al revisar el caso de Luis Alberto Reyes Buitrago, condenado por matar a dos hermanos que ingresaron de noche a una finca de su propiedad en Ramiriquí, Boyacá, donde tenía ganado. El hombre sostuvo que disparó para impedir un supuesto robo de semovientes.
La Sala Penal concluyó que en el expediente sí existían elementos para reconocer una agresión ilegítima contra el patrimonio. Los dos hombres habían entrado sin autorización al predio, durante la noche, en una zona con antecedentes de hurto de ganado y sin una explicación razonable para justificar su presencia.
La decisión estableció que la legítima defensa no se limita a los casos en los que está en riesgo la vida o la integridad física. También puede proteger bienes y patrimonio, siempre que se cumplan condiciones como la necesidad, la inminencia y la proporcionalidad de la respuesta.
La Corte consideró que Reyes Buitrago podía reaccionar para impedir el ingreso y proteger sus bienes, especialmente por las condiciones en las que ocurrieron los hechos. La finca estaba aislada, no tenía iluminación y la presencia de los desconocidos se produjo en horas de la noche.
Sin embargo, el alto tribunal advirtió que la existencia de una agresión contra el patrimonio no permite responder de cualquier manera. La fuerza utilizada debe guardar relación con el peligro enfrentado y no puede sobrepasar los límites necesarios para neutralizar la amenaza.
“El patrimonio económico no se puede anteponer o equiparar ante la vida de un ser humano”, señaló la Sala al explicar que defender una propiedad no habilita automáticamente a matar a otra persona.
La Corte descartó la versión del condenado, quien afirmó que las víctimas le habían disparado primero. La investigación determinó que en el lugar solo fue encontrada una vainilla correspondiente al arma entregada por Reyes Buitrago y que no aparecieron otras armas ni pruebas de un intercambio de disparos.
Además, las necropsias mostraron que los dos hombres recibieron múltiples impactos de bala. Para la Sala Penal, estos elementos demostraron que la reacción del propietario fue excesiva frente a la agresión que enfrentaba.
Con ponencia del magistrado Hugo Quintero, la Corte concluyó que no podía reconocerse una legítima defensa plena. En su lugar, determinó que existió una defensa incompleta o imperfecta, figura que corresponde a un exceso en la legítima defensa.
“No es posible reconocer una legítima defensa plena, pero sí una defensa inacabada o imperfecta”, fijó el tribunal. Esto significa que el acusado actuó ante una agresión ilegítima contra su patrimonio, pero respondió de forma desproporcionada y, por esa razón, mantuvo su responsabilidad penal.
El cambio en la calificación jurídica tuvo consecuencias directas sobre la sanción. La Corte mantuvo la condena por el doble homicidio, pero redujo la pena de 23 años de prisión, impuesta por el Tribunal Superior de Tunja, a 4 años y 4 meses.
También concedió la prisión domiciliaria al considerar que Reyes Buitrago cumplía los requisitos legales para acceder a ese beneficio. La decisión no eliminó la condena, sino que reconoció una circunstancia que atenuó la responsabilidad.
En la sentencia, la Sala sistematizó los requisitos que deben cumplirse para que opere la legítima defensa: debe existir una agresión ilegítima, no puede haber una provocación suficiente por parte de quien se defiende, el ataque debe ser actual o inminente, la reacción debe ser necesaria y la fuerza empleada debe ser proporcional.
Solo cuando concurren todos esos elementos desaparece la responsabilidad penal. Cuando alguno falla, como ocurrió en este caso por el exceso en la respuesta, la condena permanece, aunque puede imponerse una pena menor.
El fallo deja claro que ingresar sin autorización a una propiedad puede constituir una agresión ilegítima contra el patrimonio, pero también reafirma que la defensa de los bienes no está por encima de la vida humana.