El máximo tribunal del país reiteró con carácter urgente el pedido de documentación al Tribunal Superior de Justicia provincial, tras dos semanas sin respuesta, para resolver la disputa por la ampliación de la corte local.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación intensificó su intervención en el conflicto institucional que atraviesa la provincia de Santa Cruz. Este jueves, el tribunal nacional exigió por segunda vez al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) provincial el envío urgente de todas las causas vinculadas a la reforma que amplió de cinco a nueve miembros la corte del distrito.
La medida se tomó luego de que pasaran dos semanas sin que el TSJ respondiera al primer requerimiento. En la nueva orden, la Corte dispuso: “Cumpla de inmediato con la remisión, en formato digital, de las actuaciones principales y de los incidentes de la causa 917/2025 que fuera dispuesta con carácter de urgente en la resolución dictada en autos el 23 de abril de 2026”.
El conflicto se originó en diciembre pasado, cuando el TSJ bloqueó la ampliación impulsada por el gobernador Claudio Vidal y declaró inconstitucional la ley aprobada en agosto. A pesar de que cuatro nuevos vocales juraron en sus bancas, cuatro de los cinco miembros del tribunal local —cercanos al kirchnerismo— desconocieron los nombramientos, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el ingreso al edificio judicial.
El gobernador, el vicegobernador Fabián Leguizamón y los cuatro nuevos vocales presentaron una queja ante la Corte Suprema, que ahora deberá expedirse sobre la constitucionalidad de la ley. Sin embargo, la falta de documentación desde Santa Cruz demora el avance del caso.
Minutos después de la recepción de la orden, un funcionario de la Dirección General de Gestión Administrativa y Recursos Humanos respondió por correo electrónico a la Mesa de Entradas de la Corte un mensaje automático: “informo que se está trabajando para dar cumplimiento con lo solicitado”, según consta en la web oficial del Poder Judicial de la Nación.
Paralelamente, la Asociación Gremial de Empleados Judiciales promovió una acción de inconstitucionalidad contra la reforma, a la que el TSJ le hizo lugar, declarando la inconstitucionalidad e invalidando el proceso de designación y juramento de los nuevos vocales. Se abrieron expedientes conexos que ahora forman parte del análisis requerido por la Corte Suprema.