Mediante la resolución 55/2026, el Gobierno nacional dio por finalizado el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 y eliminó las contribuciones obligatorias que financiaban a la Corporación Vitivinícola Argentina. El ministro Federico Sturzenegger celebró la medida y criticó el esquema vigente desde 2004.
El Gobierno dispuso el cierre en un plazo de tres meses del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) y puso fin al esquema de financiamiento obligatorio que sostenía a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). La decisión quedó formalizada en la resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, que declara cumplido el plazo del PEVI y elimina las contribuciones obligatorias establecidas por la Ley 25.849.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente la medida a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, calificó el sistema como “una aberración” y señaló que se trataba de “un impuesto que el Estado regalaba a los privados”. Según explicó, durante más de dos décadas las bodegas y productores debían realizar aportes obligatorios en distintas etapas de la actividad, pero esos recursos no ingresaban al Estado sino que iban a financiar a la Coviar, una entidad conducida por el sector privado.
El PEVI fue creado en 2004 con el objetivo de posicionar a la Argentina entre las industrias vitivinícolas más destacadas del mundo, alcanzar exportaciones por 2000 millones de dólares anuales y capturar el 10% del volumen del comercio mundial de vinos para el año 2020. Sin embargo, Sturzenegger indicó que 22 años después las exportaciones nunca alcanzaron esa meta y la participación argentina en las exportaciones mundiales se mantiene por debajo del 2,5%. Además, afirmó que entre 2004 y 2025 se recaudaron 300 millones de dólares del sector para financiar resultados que no se cumplieron.
El ministro también cuestionó que, pese al fracaso del plan, las contribuciones no se redujeron sino que aumentaron por encima de la inflación. Asimismo, criticó que la Coviar prorrogó unilateralmente el plan hasta 2030 sin sustento legal. La resolución 55/2026 establece que el financiamiento del sector deberá regirse por criterios voluntarios, basados en la libertad de asociación.