El oficialismo busca evitar que la oposición obtenga el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Discapacidad y Presupuesto. La disputa se da tras la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, aún no aceptada.
Buenos Aires, 22 septiembre (NA) — El oficialismo negocia con aliados un dictamen para el proyecto de emergencia en discapacidad, que se tratará este miércoles a las 12 del mediodía en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados. Fuentes cercanas al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, afirmaron: «Va a ser un dictamen más parecido al que piden los aliados que al oficialismo».
El objetivo del oficialismo es evitar que la oposición más dura obtenga el dictamen de mayoría. Para ello, enfoca sus esfuerzos en gobernadores aliados. Uno de los mandatarios involucrados es el misionero Hugo Passalacqua, quien controla las firmas de los diputados de Argentina Federal Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella.
Herrera Ahuad, presidente de la bancada dialoguista y firmante de proyectos presentados, tiene una discapacidad auditiva. Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), mantiene diálogo permanente con referentes de Unión por la Patria en la materia y se encamina a desmarcarse del oficialismo al momento de firmar despachos.
El bloque peronista tiene un acuerdo con Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, pero le faltan firmas para obtener el dictamen de mayoría. Desde Unión por la Patria plantearon: «Si La Libertad Avanza junta a sus aliados va a tener el dictamen de mayoría. El problema para Menem es que si el supuesto dictamen superador incorpora cuestiones que están en nuestro dictamen va a tener un quilombo con Toto Caputo y la Casa Rosada, que mandaron otra cosa totalmente diferente en el Presupuesto».
La disputa se da en medio de la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. El funcionario, a quien todavía no le aceptaron la renuncia, atribuyó su decisión a «motivos personales». Su salida se produce en el marco de una investigación judicial por presuntos sobreprecios y corrupción en el área, y de críticas por recortes presupuestarios, incluidas las de sectores internos de la alianza gobernante.