El gobierno provincial presentó una denuncia formal ante la Israel Securities Authority (ISA) contra la empresa Navitas Petroleum, acusándola de brindar información engañosa a sus inversores sobre los riesgos legales y geopolíticos del proyecto petrolero ‘Sea Lion’ en las Islas Malvinas.
El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, encabezado por Gustavo Melella, presentó una denuncia formal ante la Israel Securities Authority (ISA) contra la empresa Navitas Petroleum, por presuntas violaciones a la legislación de mercado de capitales vinculadas al proyecto hidrocarburífero denominado “Sea Lion”, en la cuenca norte de las Islas Malvinas.
La ISA es el organismo estatal que supervisa y regula el mercado de valores en Israel, similar a la Comisión Nacional de Valores de Argentina o la SEC en Estados Unidos. Su función es proteger a los inversores y garantizar la transparencia de las empresas que cotizan o buscan financiamiento en el mercado.
Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration PLC anunciaron el año pasado que, a partir de 2028, comenzarán a extraer petróleo y buscan ampliar sus exploraciones en las aguas del archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina.
Desde el Gobierno fueguino señalaron que la denuncia sostiene que Navitas habría brindado información engañosa o incompleta a sus inversores respecto del verdadero alcance del riesgo jurídico, diplomático y geopolítico que enfrenta el proyecto, desarrollado sin autorización de la República Argentina en un área sometida a una controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
En particular, advirtieron que directivos de la compañía habrían minimizado ante el mercado la posición del Gobierno argentino, pese a que la Cancillería había rechazado formalmente la decisión final de inversión anunciada por Navitas y Rockhopper, calificando sus actividades como ilegales y recordando que cualquier participación directa o indirecta en operaciones hidrocarburíferas no autorizadas en el área constituye un acto ilícito conforme al derecho argentino e internacional.
La denuncia solicita que la autoridad israelí investigue si Navitas omitió informar de manera inmediata hechos relevantes para sus inversores, entre ellos el rechazo oficial argentino al proyecto, las sanciones ya aplicadas contra la empresa y las declaraciones del Presidente de la Nación del 2 de abril de 2026, en las que se anunció la adopción de medidas diplomáticas frente a actividades unilaterales e ilegítimas sobre recursos pertenecientes al pueblo argentino.
“Navitas no sólo opera ilegalmente; además debe explicar ante sus propios inversores si informó con claridad los riesgos jurídicos, penales, financieros y diplomáticos que implica avanzar sobre recursos naturales argentinos sin autorización”, afirmó el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary.
La presentación también remarca que la actividad de Navitas se desarrolla en contradicción con el proceso de descolonización de las Naciones Unidas, en particular con las resoluciones 2065 (XX) y 31/49 de la Asamblea General, que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y llaman a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras el proceso de negociación permanezca pendiente.
“La Provincia va a utilizar todas las herramientas institucionales, jurídicas y diplomáticas disponibles para impedir que empresas extranjeras pretendan explotar ilegalmente recursos naturales argentinos en Malvinas. La ilegalidad no puede ser presentada ante los mercados como una oportunidad de inversión”, agregó Dachary.
El Gobierno de Javier Milei ha protestado formalmente, pero no actuó judicialmente. El gobierno de Israel se desentendió del tema, al argumentar que se trata de una inversión privada, aunque sostuvo que la provincia no tiene la facultad federal para realizar este tipo de iniciativas.