El gobernador Axel Kicillof aprobó el convenio mediante el cual la provincia de Buenos Aires adhiere a la ‘Guía sobre la Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata’, elaborada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. La medida fue formalizada a través del Decreto N° 1664/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial bonaerense.
El gobernador Axel Kicillof aprobó el convenio mediante el cual la provincia de Buenos Aires adhiere a la «Guía sobre la Investigación en Casos de Personas Desaparecidas en relación con el Delito de Trata», elaborada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La medida quedó formalizada a través del Decreto N° 1664/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial bonaerense, que también lleva las firmas del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y del ministro de Gobierno, Carlos Bianco.
La guía fue aprobada en abril de 2025 por la Resolución N° 414/25 del ministerio nacional, que la estableció como de aplicación obligatoria para las policías y fuerzas federales e invitó a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los ministerios públicos y poderes judiciales, federales y provinciales, a adherir. En ese marco, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y su par nacional firmaron el convenio de adhesión.
El objetivo del documento es brindar herramientas conceptuales y prácticas para que los agentes puedan detectar indicios que vinculen una desaparición con el delito de trata y garantizar la protección integral de las víctimas.
Entre sus pautas, la guía establece que «ninguna norma establece que se debe dejar transcurrir un margen de tiempo» para denunciar una desaparición, y que la investigación debe comenzar de inmediato porque «las primeras horas son determinantes».
Además, enumera indicadores de posible trata, como las ofertas laborales engañosas difundidas por redes sociales, las relaciones afectivas simuladas para captar a la víctima, la retención de documentos, el control de las comunicaciones y las deudas impuestas. También recomienda tratar a las familias con «respeto y cuidado» y evitar estereotipos.
A través del convenio, la Provincia adhiere a los principios, lineamientos y buenas prácticas de la guía y se compromete a promover su aplicación en las fuerzas policiales y en los organismos competentes. Ambas partes acordaron, además, impulsar acciones de difusión, capacitación y articulación institucional para facilitar su implementación, en el marco de sus respectivas competencias y posibilidades operativas.
El texto aclara que el instrumento no altera la distribución constitucional de competencias ni implica delegación de facultades, y que tampoco genera compromisos presupuestarios para ninguna de las partes. Lo define como un instrumento de cooperación interjurisdiccional y de alineación con lineamientos técnicos. El convenio rige desde su firma por dos años, con prórroga automática.
Antes de su aprobación se expidieron la Subsecretaría de Planificación e Inteligencia Criminal y la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Seguridad, y la Dirección Provincial de Asuntos Jurídicos. También intervinieron la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado.
La adhesión se suma al Programa de Fortalecimiento de las Capacidades de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en la Lucha contra la Trata de Personas y Delitos Conexos, creado por el Ministerio de Seguridad bonaerense mediante la Resolución N° 2427/2026, publicada en el Boletín Oficial provincial el 24 de septiembre.