El fallo del máximo tribunal repuso la vigencia del artículo 154 del megadecreto que derogó la Ley de Tierras Rurales. En la Casa Rosada advirtieron sobre el riesgo para el resto del DNU y legisladores opositores buscan forzar una sesión especial en Diputados.
La Corte Suprema de Justicia desestimó este lunes una acción promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) contra el Poder Ejecutivo Nacional que solicitaba la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Esa norma derogó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, que fijaba límites a la venta de tierras a extranjeros.
El fallo del tribunal repuso la vigencia del artículo y, según fuentes judiciales, sostiene que la asociación de excombatientes no tiene legitimación para cuestionar el DNU y que no existe un caso judicial en curso, como una compra que haya generado un daño.
En la Casa Rosada, fuentes oficiales señalaron a LA NACION que la decisión «genera otra vez controversia en un tema que había sido malo para nosotros, y lo vuelve a traer a la agenda». Las mismas fuentes advirtieron que, como efecto colateral, el fallo «pone en riesgo el DNU» que incluía no solo la derogación de la ley de tierras rurales, sino también un amplio abanico de temas: la nueva ley de alquileres, la desregulación del sistema de obras sociales y medicina prepaga, y las privatizaciones de empresas públicas.
El Senado rechazó el DNU 70/2023 el 14 de marzo de 2024 con 42 votos negativos, 25 positivos y 4 abstenciones, pero la norma quedó vigente porque la oposición no consiguió el número suficiente en Diputados para rechazarlo.
Tras el fallo, la diputada nacional Myriam Bregman (FIT-Buenos Aires) reclamó la anulación del decreto «ya mismo» y afirmó en su cuenta de X: «Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién». Bregman, como otros diputados opositores, trabaja en alternativas para forzar una sesión especial e intentar voltear el DNU.
Desde la presidencia de la Cámara de Diputados, que encabeza Martín Menem, comenzaron los contactos con aliados de centro (Pro y gobernadores) para contrarrestar esos intentos. Cerca de Menem aclararon que «el fallo de la Corte es a favor del Gobierno» y evitaron referencias sobre el timing de los miembros del tribunal para expresarse sobre la ley de tierras.
«No se sabe si los opositores tienen número, pero el fallo te vuelve a meter en el barro», afirmó otra voz del oficialismo. El Gobierno había intentado reformar la ley de tierras rurales el mes pasado en el Congreso, pero debió dar marcha atrás. Sin consenso suficiente, el oficialismo modificó por presión de sus aliados el capítulo sobre venta de tierras a extranjeros del proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada, que el Senado iba a debatir al día siguiente.
En Diputados, el oficialismo destacó el posteo del exdiputado de la CC-ARI Juan Manuel López, que llamó a tener cuidado con el rechazo al DNU completo, ya que, según su visión, «si eso ocurre, el impacto sobre la vida cotidiana y la seguridad jurídica será inmediato: revivirían normas derogadas como la vieja ley de alquileres y quedarían en un limbo avances clave como la posibilidad de contar con internet satelital, entre tantas otras cosas».
El Gobierno se dispone a utilizar la norma como prenda de negociación con los diputados aliados, a cambio del respaldo al decreto 70/23.