La fiscal federal de Morón, Mariela Labozzetta, pidió elevar a juicio la causa que investiga a seis personas acusadas de integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína líquida y metanfetaminas, con envíos desde el conurbano bonaerense hacia Tierra del Fuego y Chubut.
La fiscal federal de Morón, Mariela Labozzetta, solicitó la elevación a juicio de la causa en la que seis personas están imputadas por integrar una organización dedicada al tráfico de cocaína líquida y metanfetaminas. El pedido fue presentado tras el cierre de la etapa de instrucción, según informó el sitio web del Ministerio Público Fiscal.
La investigación estableció que la organización operaba desde una vivienda en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, donde se acopiaba cocaína, se la convertía a estado líquido y se la introducía en botellas de vidrio de vino o de productos cosméticos. Esos recipientes eran entregados a personas contactadas previamente por los miembros de la organización, quienes los trasladaban hacia las provincias de Tierra del Fuego y Chubut.
El descubrimiento de la maniobra ocurrió en 2024, durante un control realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la ciudad de Ushuaia. A partir de ese hecho, se desarrolló la investigación que derivó en las acusaciones.
Según el requerimiento de la fiscalía, la organización habría actuado entre abril de 2022 y septiembre de 2024. Se le atribuyen actividades relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes, así como otras conductas delictivas, entre ellas amenazas, uso de documentación falsificada, compraventa de autos robados, trata de personas, lavado de activos y pago de dádivas a funcionarios públicos.
El líder de la organización, un ciudadano colombiano, se encuentra prófugo. La fiscal Labozzetta solicitó continuar la investigación ante indicios de posible participación de miembros de fuerzas de seguridad y funcionarios provinciales.
La pesquisa determinó que la droga era adquirida en Bolivia y que en Ramos Mejía funcionaba un laboratorio clandestino para modificar el estado de la sustancia. Los envíos eran realizados por mujeres que, según la fiscalía, se encontraban en situación de vulnerabilidad y fueron captadas por la organización.
La fiscalía consideró a estas personas como víctimas de trata de personas, agravada por el abuso de su situación de vulnerabilidad, la intervención de tres o más personas y la consumación de la explotación. Se identificó al menos a cuatro personas que fueron utilizadas para el transporte de estupefacientes.
La investigación se inició en Tierra del Fuego, con intervención del Juzgado Federal de Ushuaia y la Unidad Fiscal de esa jurisdicción, junto con la Fiscalía de Distrito de Comodoro Rivadavia. En julio de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia remitió la causa a la Justicia Federal de Morón, donde se amplió la plataforma fáctica y se solicitaron nuevas medidas al juez federal Juan Manuel Culotta.
En el análisis de los testimonios, el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata relevó circunstancias de violencia de género, relaciones afectivas con dinámicas de dominación, responsabilidades de cuidado asumidas en soledad y trayectorias de precariedad laboral. La fiscal Labozzetta sostuvo que la condición de mujer constituyó una variable adicional de vulnerabilidad que facilitó la captación de las víctimas.