La Corte Suprema autorizó a la Policía Federal a abrir una tercera investigación contra Fábio Luís Lula da Silva, hijo del presidente, por presuntos negocios ilícitos. La oposición presentó una fórmula con un diputado vinculado a la lucha anticorrupción.
BRASILIA.- La corrupción volvió a ser el tema central de la precampaña presidencial brasileña. La Justicia profundizó el cerco sobre Fábio Luís Lula da Silva, “Lulinha”, hijo mayor del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Además, se reveló que un colaborador cercano de Lula en el Planalto recibió dinero de la misma trama investigada. La oposición eligió la corrupción como bandera para octubre, con un candidato a vicepresidente que hizo de ese escándalo su marca personal.
El martes pasado, el juez Flávio Dino, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó a la Policía Federal a abrir una tercera investigación contra Lulinha por presuntos negocios ilícitos en dependencias del gobierno. También ordenó una investigación paralela por la filtración de datos de la causa. Los dos casos anteriores, por tráfico de influencias en el Ministerio de Salud y en Dataprev, ya estaban en marcha con el juez André Mendonça. Todos se apoyan en la Operación Sin Descuento, que investiga el fraude a los jubilados a través del INSS, que afectó a seis millones de beneficiarios según cálculos oficiales, y apuntan a los vínculos de Lulinha con la empresaria Roberta Luchsinger y con el lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, detenido desde septiembre pasado.
El presidente Lula se refirió al tema una semana atrás: “Si es acusado de cualquier cosa, será tratado como hijo de cualquier persona, como yo. No habrá ningún privilegio”, declaró en el podcast Inteligência Ltda.
El caso se amplió cuando se conoció que Marco Aurélio Santana Ribeiro, “Marcola”, exjefe de gabinete personal de Lula y coordinador de agenda en la campaña a la reelección, recibió un préstamo de 249.000 reales de Luchsinger. El PT decidió inicialmente sostenerlo en el cargo, pero al día siguiente Marcola pidió dejar el comité de campaña.
El abogado de Lulinha, Marco Aurélio Carvalho, declaró a LA NACION que sectores de la Policía Federal actúan “al servicio de intereses político-electorales”.
Un día después de la decisión de Dino, Flavio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente preso, presentó a su vice: el diputado por Alagoas Alfredo Gaspar, relator de la comisión parlamentaria que investigó el fraude al INSS y pidió la imputación de más de 200 personas, entre ellas la prisión preventiva de Lulinha. “Lulinha, Marcola y las fraudes del INSS tienen que discutirse en la campaña”, dijo Gaspar a CNN Brasil.
La fórmula opositora enfrenta cuestionamientos. Flavio es investigado por la Policía Federal por haberle pedido dinero a Daniel Vorcaro, banquero preso y dueño de Banco Master, para financiar la película Dark Horse sobre su padre. Gaspar arrastra una denuncia por presuntamente haber embarazado a una adolescente, presentada por rivales políticos. El caso llegó al STF, donde el juez Gilmar Mendes dio 15 días a la senadora denunciante, Soraya Thronicke, para aportar pruebas.
Según la encuesta BTG/Nexus, divulgada tras la convención partidaria que formalizó la candidatura de Flavio Bolsonaro, la ventaja de Lula en primera vuelta cayó de nueve a cuatro puntos (41% a 37%). En el balotaje, la diferencia se redujo de cuatro a dos puntos, y el rechazo a ambos quedó empatado en 49%.
El analista político André César, de la consultora Hold, sostuvo que la elección de Gaspar fue “un bumerán” para el bolsonarismo. Creomar de Souza, de la consultora Dharma, indicó que el costo pesa en el electorado femenino, donde Flavio “persistentemente rinde mal”.