Las redes de crimen organizado en Costa Rica han sumado el tráfico de fauna y flora a sus actividades, empleando rutas y estructuras logísticas establecidas para el narcotráfico, según autoridades judiciales y organismos internacionales.
Las redes de crimen organizado en Costa Rica han incorporado el tráfico de fauna y flora a sus operaciones, utilizando rutas y estructuras logísticas que originalmente se establecieron para el narcotráfico, armas y madera. Esta estrategia ha sido documentada por autoridades judiciales y organismos internacionales, que observan un aumento en la rentabilidad de estos delitos frente a un riesgo judicial comparativamente bajo.
El mercado mundial de crímenes ambientales mueve cifras que, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, INTERPOL y WWF, se ubican entre USD 110,000 millones y USD 481,000 millones anuales. Dichos delitos figuran entre los mercados ilícitos de mayor volumen económico, solo superados por otras actividades transnacionales.
De acuerdo con un informe publicado por CR Hoy, el tráfico de vida silvestre en Costa Rica se ha convertido en una fuente de ingresos significativa para las redes criminales. El jefe de la Sección de Biología Forense del OIJ sostiene que los delitos ambientales aportan el 38% de los fondos de estas organizaciones, por encima del tráfico de drogas y de delitos como la extorsión y el robo. Esta evolución refleja una tendencia a la diversificación y búsqueda de nuevos mercados ilícitos.
La reutilización de rutas habilitadas para el narcotráfico facilita el movimiento de especies silvestres y recursos naturales, sin necesidad de abrir nuevos corredores. Según el subdirector del Organismo de Investigación Judicial, una ruta útil para el transporte de drogas puede adaptarse con facilidad para otras mercancías, lo que reduce costos y riesgos asociados a la creación de nuevas operaciones. Los contactos y puntos de control ya establecidos favorecen la circulación de estos bienes.
El traslado de animales vivos implica desafíos logísticos distintos a los de otros productos ilegales, pero las organizaciones optan por asumir esas dificultades a cambio de los beneficios económicos y operativos. En operativos policiales se ha detectado la presencia de animales exóticos y partes de especies protegidas en propiedades vinculadas a estas redes. Estos elementos, además de su valor comercial, a menudo representan símbolos de estatus o poder dentro de las organizaciones criminales.
Limitaciones legales y capacidad estatal frente al tráfico de especies
En Costa Rica, la legislación penal establece que los delitos contra la vida silvestre no superan los cuatro años de prisión. Esta escala sancionatoria dificulta la catalogación de estos casos como crimen organizado y restringe la aplicación de medidas cautelares severas, como la prisión preventiva. Fiscales ambientales han señalado la existencia de relaciones de cooperación funcional entre grupos dedicados al narcotráfico y aquellos enfocados en delitos ambientales, aunque las penas actuales limitan la utilización de figuras jurídicas más estrictas.
Las instituciones responsables de la investigación y persecución de estos delitos enfrentan retos asociados a la falta de recursos humanos y materiales. Según lo reportado por CR Hoy, las fiscalías ambientales suelen operar con equipos mínimos y sin suficiente apoyo técnico, mientras que las unidades policiales especializadas disponen de pocos investigadores para atender zonas de alta incidencia. Esta brecha favorece la continuidad y expansión de las actividades ilícitas bajo un riesgo reducido de sanción.
La minería ilegal y la explotación de madera de especies protegidas también forman parte de los delitos ambientales vinculados a las organizaciones criminales. El oro extraído de manera ilícita resulta atractivo por la facilidad para incorporarlo a la economía formal. Además, la adquisición de tierras y fincas para el desarrollo de estas actividades tiene efectos en las economías locales, generando en ciertos casos dependencia de los ingresos provenientes de la explotación de recursos fuera del marco legal.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha reiterado la recomendación a los Estados miembros de revisar y fortalecer su legislación, para que el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres sea considerado un delito determinante en la persecución del lavado de activos. CR Hoy señala que, con estas medidas, se pretende mejorar la capacidad institucional para responder a los desafíos que plantean los delitos ambientales en la región.
En síntesis, el tráfico de especies en Costa Rica se presenta como un fenómeno complejo, con componentes económicos, sociales y legales. La combinación de una capacidad estatal limitada, redes criminales consolidadas y el atractivo de los mercados internacionales contribuye a la expansión de estos delitos y plantea retos para su control y abordaje.