El gobierno de Venezuela solicitó ayuda internacional tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron al menos 6.100 muertos. La respuesta se vio limitada por la capacidad estatal y la desconfianza ciudadana.
El 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron Venezuela, con epicentro en el estado La Guaira. La presidenta Delcy Rodríguez solicitó asistencia internacional, según declaraciones del funcionario de la ONU Gianluca Rampolla. Equipos de rescate de Estados Unidos, Israel, El Salvador y otros países llegaron al lugar.
Las labores de rescate comenzaron aproximadamente 10 horas después del primer sismo. La zona más afectada fue identificada horas más tarde debido a la escasez de datos sísmicos. El aeropuerto de La Guaira sufrió daños, por lo que los primeros equipos aterrizaron en una base militar a 145 kilómetros.
El gobierno venezolano mantuvo abierta la carretera principal hacia La Guaira, que fue bloqueada por voluntarios y familiares de víctimas, lo que complicó el tránsito de ambulancias y equipos de emergencia. La ministra del Interior, Diosdado Cabello, anunció restricciones de acceso 50 horas después de los sismos.
El gobierno de Estados Unidos movilizó cerca de 2.000 militares y más de 300 rescatistas, y destinó aproximadamente 400 millones de dólares a la respuesta. También flexibilizó sanciones económicas para agilizar pagos humanitarios. El secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con Rodríguez en varias ocasiones.
Según testimonios recopilados, algunos funcionarios locales improvisaron centros de atención. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, describió la destrucción y la pérdida de miembros de su gabinete y familiares. Andrés Goncalves, responsable de seguridad de La Guaira, coordinó una respuesta desde su casa, que funcionó como puesto de primeros auxilios.
El saldo oficial de fallecidos es de al menos 6.100 personas, con miles de desaparecidos. El gobierno de Rodríguez difundió un video que indica que la prioridad en las primeras 72 horas fue salvar vidas.