El Poder Ejecutivo Nacional impulsa un proyecto de ley de protección de activos estratégicos, que ha generado debate en el Congreso. La iniciativa busca establecer mecanismos de control sobre infraestructura crítica y recursos considerados esenciales para la soberanía nacional.
El Poder Ejecutivo Nacional impulsa un proyecto de ley de protección de activos estratégicos, que ha generado debate en el Congreso. La iniciativa busca establecer mecanismos de control sobre infraestructura crítica y recursos considerados esenciales para la soberanía nacional.
El proyecto, que aún no fue presentado formalmente, propone la creación de una Ley de Protección de Activos Estratégicos. Esta normativa establecería mecanismos objetivos de evaluación para toda decisión que pudiera afectar capacidades esenciales del Estado, como la defensa, la seguridad, las relaciones exteriores y la ciencia y tecnología. También contemplaría la intervención técnica obligatoria de los organismos competentes en esas áreas y reservaría al Estado instrumentos excepcionales, como una participación especial o acción de oro en activos críticos.
La iniciativa se enmarca en un contexto de debate sobre la venta de activos del Estado, como inmuebles militares, y la instalación de infraestructura extranjera en el territorio, como la estación espacial china en Bajada del Agrio (Neuquén) y el radar LeoLabs en Tolhuin (Tierra del Fuego).
Según fuentes oficiales, el objetivo es compatibilizar la defensa de la propiedad privada con la protección de los intereses permanentes de la Nación. En ese sentido, se citan ejemplos de países como Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón, Francia, Alemania y Brasil, que cuentan con mecanismos de revisión de inversiones extranjeras en sectores críticos.
El proyecto también se apoya en la Constitución Nacional, cuyo Preámbulo establece como fines “proveer a la defensa común” y “promover el bienestar general”. Además, el artículo 124 reconoce el dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales, pero se sostiene que el Estado Nacional tiene la responsabilidad de garantizar la defensa común y preservar la soberanía.
La iniciativa ha generado opiniones encontradas. Sectores que apoyan la medida consideran que es necesaria para proteger la autonomía nacional. Otros sectores, en cambio, expresan preocupación por el posible impacto en la inversión privada y la libertad económica.