El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, pidió la indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert por presunto lavado de activos, tras concluir que el contrato de consultoría minera presentado para justificar un ingreso de 200.000 dólares carece de sustento real.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del exdiputado nacional José Luis Espert en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. El pedido se fundamenta en la conclusión de que el contrato de servicios profesionales presentado por Espert para justificar el ingreso de 200.000 dólares a su cuenta bancaria carecía de sustento real y habría sido utilizado para encubrir el origen de los fondos.
Según la investigación judicial, Espert invocó un supuesto acuerdo de consultoría minera con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo S.A. para respaldar la transferencia. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que no existen elementos que acrediten la efectiva prestación de esos servicios. Entre otros puntos, la pesquisa determinó que Espert no registró viajes a Guatemala durante el período en cuestión y que los emprendimientos mineros vinculados a la compañía no se encontraban operativos.
La causa se centra en una transferencia de 200.000 dólares proveniente de cuentas asociadas al empresario argentino Federico «Fred» Machado, quien en Estados Unidos admitió haber participado en maniobras de lavado de dinero y fue vinculado a actividades relacionadas con el narcotráfico.
El pedido de indagatoria también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., sospechados de haber intervenido en la confección de documentación contable presuntamente irregular. En paralelo, el juez federal Lino Mirabelli dispuso la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre los activos financieros y patrimoniales del exdiputado y de su esposa, María Mercedes González.
La investigación apunta además a determinar el vínculo entre Espert y Machado. Una de las hipótesis sostiene que el empresario habría aportado recursos económicos y apoyo logístico para la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019. Machado fue detenido en Argentina por Interpol en abril de 2021 y posteriormente quedó sujeto a un proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita. La medida fue ratificada por la Corte Suprema.