La Legislatura de California excluyó 55 millones de dólares solicitados por el gobernador Gavin Newsom para conectar los registros de manejo estatales con una plataforma nacional. El código 99999, que identifica a personas sin número de Seguro Social, genera preocupación entre organizaciones proinmigrantes.
La Legislatura de California dejó el 11 de junio fuera de su acuerdo presupuestario US$55 millones solicitados por la administración de Gavin Newsom para conectar los registros de manejo del estado con una plataforma nacional. La discusión apunta al código 99999 asociado a los registros de licencias de California, una marca que identifica a personas sin número de Seguro Social.
Código 99999 en SPEXS: qué significa y por qué preocupa a inmigrantes
El esquema en debate registra los últimos cinco dígitos del número de Seguro Social de cada titular. Cuando la persona no cuenta con ese documento, la plataforma utiliza un marcador como “99999”. Según informó CalMatters, los opositores al proyecto advierten que esa señal podría facilitar la identificación de automovilistas sin número de Seguro Social.
La preocupación alcanza a más de un millón de inmigrantes que tienen permisos de manejo en California, pero carecen de autorización federal para vivir en Estados Unidos. Desde 2014, los residentes del estado pueden obtener una licencia sin importar su situación migratoria. Esa posibilidad surgió con la ley conocida como Proyecto de Ley 60 de la Asamblea.
DMV de California: cómo funcionaría la conexión con State-to-State y SPEXS
La oficina de Newsom y el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) impulsan la conexión con State-to-State y SPEXS. Esa plataforma permite que las autoridades estatales verifiquen si una persona posee identificaciones duplicadas en más de una jurisdicción. La herramienta es operada por la Asociación Estadounidense de Administradores de Vehículos Motorizados (Aamva), una organización sin fines de lucro cuyo consejo directivo está integrado por funcionarios de oficinas de vehículos motorizados de todo el país. El objetivo declarado es ayudar a otros estados a comprobar que una persona no tenga documentos de identificación vigentes en distintos lugares al mismo tiempo. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles temen que funcionarios locales puedan remitir al gobierno federal datos sobre presuntos inmigrantes indocumentados.
Presupuesto de California: por qué frenaron casi US$56 millones para el DMV
El acuerdo presupuestario entre la Asamblea y el Senado retuvo la partida destinada al DMV para financiar el programa. La Legislatura debía aprobar el presupuesto antes del 15 de junio y tenía plazo hasta el 30 de junio para negociar detalles con el gobernador. Los defensores de inmigrantes indicaron a CalMatters que la exclusión de la partida no cancela por completo la iniciativa. Los legisladores aún podrían reactivar el dinero mediante una norma complementaria o un proyecto presupuestario independiente.
Real ID: qué necesita el DMV antes de compartir datos con SPEXS
Los funcionarios estatales sostienen que el intercambio es necesario para cumplir con la Ley Real ID de 2005. Esa norma establece requisitos para aceptar identificaciones estatales en instalaciones federales, incluidos los aeropuertos. Sin embargo, el DMV necesita más que fondos para avanzar con la iniciativa. La legislación de California prohíbe al organismo compartir el número de Seguro Social obtenido durante el proceso de emisión de permisos para la mayoría de los fines. Por ese motivo, el Estado requiere una ley adicional antes de entregar esa información a la organización nacional. El propio DMV incluyó ese punto en su solicitud presupuestaria.
Newsom y la Legislatura negocian el futuro del intercambio de datos del DMV
Un portavoz del presidente de la Asamblea Estatal de California, Robert Rivas, declaró a CalMatters que las conversaciones sobre la financiación del DMV continúan. El personal de otros dos legisladores no respondió a la solicitud de información sobre las tratativas. La oficina de Newsom remitió las preguntas al Departamento de Finanzas. Su portavoz, HD Palmer, afirmó que “las conversaciones han estado en marcha y continúan”.
Andrea Guerrero, directora ejecutiva fundadora de Alliance San Diego, sostuvo que parece improbable alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite fijada por el DMV, que es el 1° de julio. “Es difícil imaginar qué tipo de cambios se podrían lograr mientras estamos parados al final de una tabla”, dijo.
Ed Hasbrouck, del grupo de defensa de libertades civiles The Identity Project, participó en las protestas contra el plan que se realizaron en San Francisco. También intervino en abril en una llamada con la oficina del gobernador y el DMV sobre el intercambio. Hasbrouck se mostró satisfecho con la decisión legislativa de aplazar los fondos por el momento. Sin embargo, advirtió que, una vez que la información de automovilistas californianos ingrese en una base multiestatal, el gobierno estatal ya no podrá establecer salvaguardias, porque el plan exige incluir a todos los titulares. El defensor planteó que California deberá elegir entre dejar sin efecto las promesas hechas con la ley AB 60 y poner en riesgo a inmigrantes y otros residentes, o no cumplir con la ley Real ID para protegerlos. “Se ha pospuesto, pero es una decisión que el Estado tendrá que tomar. No puede simplemente evitarlo”, afirmó.