Desde el 1 de mayo de 2026, los extranjeros que busquen licencias como electricistas, constructores o barberos en Texas deben demostrar su estatus migratorio legal, lo que incrementa la vulnerabilidad de los trabajadores no autorizados.
En Texas, una nueva legislación que entró en vigor el 1 de mayo de 2026 ha impactado con fuerza en los profesionales de la construcción extranjeros. Avalada con la firma del gobernador Abbott, la norma exige una prueba de estatus legal en Estados Unidos para otorgar o renovar la licencia profesional.
Según una medida aprobada el 24 de marzo pasado, los trabajadores migrantes deberán demostrar que tienen residencia legal al solicitar el permiso al Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés).
La portavoz del TDLR, Caroline M. Espinosa, en declaraciones al Texas Tribune, explicó que “con el reciente lanzamiento de nuestro proyecto de modernización del sistema de licencias y un mayor enfoque en la lucha contra la trata de personas, avanzamos en esta verificación”. Espinosa aseguró que “esto garantiza prácticas consistentes y seguras en todos los programas y fortalece nuestra capacidad para identificar y prevenir el fraude, la explotación laboral y la trata de personas”.
¿A qué trabajadores afecta la nueva norma?
Según algunas estimaciones, en Texas viven unos 1,7 millones de personas que carecen de autorización para trabajar, pero igual se desempeñan en varios sectores del empleo informal, entre ellos el de la construcción. La licencia profesional emitida por el TDLR es un requisito obligatorio para estadounidenses y extranjeros que quieran desempeñarse en electricistas, contratistas, conductores comerciales, peluqueros y barberos, cosmetólogos, masajistas y depiladores, podólogos y remolcadores de vehículos.
La norma no exige ciudadanía estadounidense para trabajar, sino que la persona esté en alguna categoría con autorización legal según la ley federal de 1996 sobre beneficios públicos. Esto significa que los trabajadores podrían quedarse sin empleo de no regularizar su situación cuando venza su actual licencia profesional.
Trabajar sin esta documentación implica varios riesgos, como mayor exposición a operativos de ICE y verificaciones de estatus en los sitios de trabajo, presión para las empresas por sanciones federales, contratación fraudulenta como “contratista independiente” o pagos en efectivo, salarios por debajo del mínimo legal, y temor a la deportación que impide reclamar derechos tras accidentes o perjuicios laborales.
En el año fiscal 2025, el TDLR otorgó cerca de un millón de licencias profesionales. Según Steve Bruno, subdirector ejecutivo del TDLR para servicios de licencias y regulación, menos del 2% carecían de número de Seguro Social asociado, uno de los requisitos para obtenerla. Desde el 1 de mayo, todos los extranjeros que desean una nueva licencia o renovar la actual deben presentar los documentos detallados en el sitio web del Departamento.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha impulsado leyes con castigos más severos para los inmigrantes que no puedan comprobar su permanencia legal en el país. Además de los operativos del ICE y la ofensiva migratoria, otras agencias federales y departamentos estatales han endurecido el marco regulatorio con la promesa de que colocan a ‘Estados Unidos primero’. Sin embargo, el mercado laboral funciona de otra manera y la pérdida de trabajadores extranjeros puede perjudicar a distintos sectores donde la mano de obra es más costosa o insuficiente.