Un informe del Iaraf cuantifica en cerca del 10% del PBI la contracción del gasto público consolidado en los últimos 26 meses, marcando un punto de inflexión tras dos décadas de expansión.
El ajuste del gasto público en Argentina desde diciembre de 2023 tiene una dimensión concreta: equivale a unos US$67.000 millones en los últimos 26 meses, cerca del 10% del PBI. La cifra, estimada por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), refleja la magnitud de la contracción y marca un cambio de tendencia: por primera vez en décadas, la sumatoria de las partidas dejó de expandirse para convertirse en un eje central del programa económico del Gobierno.
El dato no sólo da cuenta del recorte reciente. También expone un quiebre en una tendencia más larga. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), entre 2004 y 2024 el gasto público consolidado —que incluye Nación, provincias y municipios— pasó de representar el 25,4% del PBI a un máximo de 44,9% en 2016. Aunque luego retrocedió, se mantuvo cerca del 40% durante años. Recién en 2024 se produjo el punto de inflexión. Ese año, el gasto cayó 7,1 puntos del PBI en un solo ejercicio, a 33% del PBI, la mayor baja en dos décadas y la primera contracción significativa tras 20 años de expansión casi ininterrumpida.
El ajuste fue transversal a los tres niveles del Estado: la Nación explicó 4,6 puntos de esa caída, mientras que las provincias aportaron 2,1 puntos y los municipios 0,4 puntos. En términos acumulados, el aumento del gasto en las dos décadas posteriores a 2004 fue de 7,7 puntos del PBI, de acuerdo con la OPC. Nación explicó la mayor parte de esa expansión, pero las provincias aportaron casi un tercio y los municipios completaron el resto.
El principal motor de la expansión histórica, según la OPC, fueron las jubilaciones y prestaciones sociales, que explicaron casi la mitad del aumento total del gasto. Las moratorias previsionales de 2006 y 2014, junto con la estatización del sistema en 2008, ampliaron la cobertura y elevaron el peso del sistema previsional en el presupuesto. Con el tiempo, ese peso comenzó a erosionarse por la inflación y los cambios en las fórmulas de actualización, hasta revertirse con el ajuste reciente.
El segundo gran factor fue el empleo público, con una dinámica marcadamente provincial. El gasto en remuneraciones explicó más del 80% del crecimiento del gasto en las provincias y el empleo subnacional creció cerca de 63%. En la Nación, en cambio, el aumento del gasto estuvo más vinculado a jubilaciones y subvenciones.
El tercer componente clave fueron los subsidios económicos, en particular a la energía y el transporte. Tras el congelamiento tarifario posterior a la convertibilidad, el Estado asumió crecientes costos que llevaron ese gasto a niveles récord. Luego hubo una reducción parcial, un aumento durante la pandemia y una caída acelerada desde 2022. En 2024, los subsidios alcanzaron uno de los niveles más bajos en casi dos décadas.
Otros rubros completan el cuadro. El gasto de capital fue el único que cayó en términos del PBI en estos años, lo que muestra que la expansión del Estado se concentró en gasto corriente más que en inversión. Los intereses de la deuda aumentaron relativamente poco en el período, aunque volvieron a ganar relevancia a partir de 2018.
Según el Iaraf, la reducción del gasto en los últimos 26 meses superó los 10 puntos del PBI en poco más de dos años. Más del 90% de ese recorte se destinó a revertir el déficit fiscal y sostener el superávit, más que a la baja de impuestos. El recorte, sin embargo, no fue uniforme. Más de la mitad del ajuste se concentró en tres partidas: transferencias no automáticas a provincias, programas sociales e inversión real directa, que explicaron el 53% de la caída del gasto.
A su vez, el reparto muestra que no hubo un único rubro dominante: los programas sociales explicaron el 16,3% del recorte total, las transferencias a provincias el 16,1% y la inversión pública el 15,2%. Medido en dólares, los mayores recortes se registraron en los envíos a provincias (US$12.880 millones), los programas sociales (US$12.843 millones) y la inversión pública (US$12.097 millones). Les siguieron los subsidios a la energía (US$9963 millones) y los salarios (US$7279 millones). En el caso de las jubilaciones contributivas, la reducción fue más acotada, con una caída de US$4517 millones.
El patrón del ajuste revela una decisión de recortar principalmente gasto discrecional —transferencias, obra pública y subsidios— más que el núcleo previsional. En paralelo, algunos rubros aumentaron. La Asignación Universal para Protección Social creció en US$3656 millones, mientras que las transferencias a la Ciudad de Buenos Aires y el PAMI también registraron subas.