El gobierno británico convocó a Mariana Plaza y acusó a la Casa Rosada de buscar dañar la economía de las islas. La tensión diplomática coincidió con un plenario de comisiones en Diputados que derivó en cruces por el DNU 70/2023.
El gobierno del Reino Unido citó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, y acusó a la administración de Javier Milei de intentar afectar los medios de vida de los habitantes de las Islas Malvinas. La convocatoria fue informada por Uma Kumaran, subsecretaria británica para los Territorios de Ultramar, quien afirmó que la Casa Rosada busca interferir en los recursos de una población que, según su posición, eligió su destino de forma libre y democrática.
La medida se produjo luego de que Milei instruyera a su equipo jurídico utilizar el arbitraje de la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar para bloquear el proyecto hidrocarburífero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Según la diplomacia británica, esa maniobra no constituye un acto internacional responsable y busca dañar la prosperidad económica del archipiélago.
En paralelo, el oficialismo intentó avanzar en la Cámara de Diputados con el debate de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que prevé endurecer las multas contra empresas que perforen el mar argentino sin permiso. El plenario de comisiones pasó rápidamente a un enfrentamiento verbal. El detonante fue el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras incluida en el DNU 70/2023, tras rechazar por falta de legitimación un amparo del centro de ex combatientes platense CECIM. La oposición exigió poner fecha a una sesión especial para revertir el megadecreto y el debate por la soberanía quedó en segundo plano.
El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, declaró al medio The Sun on Sunday: «Esto no es 1982. Los argentinos no tienen la capacidad de tomar las islas Malvinas. Nosotros tenemos la capacidad de defenderlas». El funcionario sostuvo que sus Fuerzas Armadas están preparadas para proteger el archipiélago ante cualquier intento de escalada.
El proyecto Sea Lion, operado por un consorcio británico-israelí a 220 kilómetros de las islas, prevé generar unos 2.000 millones de dólares en regalías a partir de 2028. La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una cautelar que ordena a las petroleras frenar cualquier obra vinculada a la extracción de crudo. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa británico confirmó que a fines de 2027 reemplazará los aviones caza Typhoon que custodian las islas por una versión más moderna (Tranche 2), un cambio que calificó como «recambio de rutina» ajeno a la tensión actual.
Con el diálogo bilateral interrumpido, la Cancillería argentina inició gestiones para que Estados Unidos asuma un rol de mediador.