El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa y ratificó la entrega del imputado para que sea juzgado en Chile por hechos ocurridos entre 2012 y 2020 en la localidad de Angol.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la extradición a Chile de un hombre identificado como C.A.H.M., requerido por la Justicia de ese país para ser juzgado por delitos de abuso sexual contra su hija, que habrían ocurrido cuando la víctima era menor de 14 años.
Según el dictamen de la Procuración General, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2012 y 2020 en distintos lugares y ocasiones de la localidad de Angol, Chile.
La defensa cuestionó la extradición al señalar imprecisión en la denuncia y la falta de realización de medidas de prueba durante el proceso. El planteo fue rechazado por el juzgado federal de Mendoza y luego por la Corte Suprema.
La Procuración General recordó que en los tribunales argentinos no corresponde analizar la existencia de los hechos denunciados ni la culpabilidad del requerido, sino determinar si el pedido de extradición cumple con los requisitos legales. «Es oportuno recordar que el objeto de estas actuaciones se limita a esos aspectos, sin que corresponda discutir acerca de la existencia del hecho imputado o la culpabilidad del requerido (art. 30 de la ley 24.767)», sostuvo el dictamen.
Asimismo, la Procuración indicó que el pedido de entrega «tiene la finalidad de someter a H.M al proceso que se le sigue en el vecino país por delitos contra la integridad sexual».
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los agravios de la defensa sobre la presunta falta de imparcialidad del juez interviniente y rechazaron el resto de los planteos en línea con el dictamen de la Procuración.
La defensa buscará ahora que el juicio se realice en la Argentina. La Corte advirtió que no corresponde pronunciarse sobre esa solicitud porque se trata de una cuestión ajena a la fase jurisdiccional del procedimiento de extradición y su resolución queda en manos del Poder Ejecutivo.
El máximo tribunal dispuso además que el juez de la causa informe a la República de Chile el tiempo durante el cual el acusado permaneció privado de su libertad en el marco del proceso.