La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunirá el martes para escuchar a invitados. El oficialismo busca destrabar el proyecto de reforma electoral, mientras la oposición dialoguista reclama la aprobación de la ficha limpia.
El Senado retomará este martes el debate en comisión del proyecto de ley de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo a fines de abril. La reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales fue convocada por la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich (Capital), con el objetivo de escuchar la opinión de invitados, a la espera de que las negociaciones del Gobierno consigan los votos para avanzar.
El debate había quedado desactivado en mayo pasado debido a la negativa de amplios sectores de la oposición dialoguista (UCR y Pro, principalmente) a eliminar las elecciones primarias (PASO). La oposición sostiene que las primarias les sirven para ordenar sus internas y alianzas de cara a las presidenciales del año próximo. El PJ, en su totalidad, también rechaza la derogación de las PASO.
El Gobierno y sus 21 senadores propios no alcanzan los 37 votos afirmativos que exige la Constitución Nacional para aprobar una reforma electoral. El escenario no ha cambiado, pero la presión de un sector de la oposición que reclama aprobar un proyecto de ficha limpia (prohibición a los condenados en segunda instancia judicial de ser candidatos a cargos nacionales) y el apuro del Gobierno llevaron a Bullrich a retomar la discusión.
Hasta el momento, la intención del oficialismo es realizar reuniones informativas con especialistas, mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene la misión de conseguir los votos para destrabar el debate por las PASO. Según se informó, aún no se han logrado avances significativos en la materia.
El proyecto
El denominado proyecto de ley de Reforma Electoral Integral consta de 79 artículos estructurados en siete títulos principales. Entre sus modificaciones centrales destacan la derogación de las PASO y la aplicación de la ficha limpia no solo para cargos electivos, sino también para puestos en el Poder Ejecutivo y en la Administración Pública.
También impone nuevas condiciones para la creación de partidos de distrito. Toda agrupación nueva deberá reunir en un plazo improrrogable de 180 días corridos afiliaciones equivalentes al 0,5% del padrón local. Durante el proceso, las agrupaciones se consideran partidos en formación, estado en el cual tienen prohibido presentar candidaturas a cargos electivos y no pueden percibir aportes públicos de ningún tipo.
Para obtener la personería como partido de orden nacional, una fuerza política deberá contar con reconocimiento definitivo en al menos 10 distritos (elevando el mínimo actual, que exige cinco) y sumar afiliados que representen el 0,1% del Registro Nacional de Electores, debiendo mantener permanentemente esta presencia territorial.
El texto también establece causales de caducidad automática de la personería jurídica: no alcanzar el 3% del padrón electoral en al menos una de dos elecciones nacionales consecutivas, la inasistencia a dos comicios nacionales sucesivos, la falta de elecciones internas de autoridades durante cuatro años y la violación de la paridad de género en los órganos partidarios.
En el caso de la ficha limpia, el proyecto inhabilita a las personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo a la elección, así como a los imputados o condenados por genocidio o crímenes de lesa humanidad. Se crea en el ámbito de la Cámara Nacional Electoral un Registro Público de Ficha Limpia, y se precisa que la interposición de recursos judiciales no suspenderá la inelegibilidad.
Se incluye de manera definitiva la boleta única de papel (BUP) en el Código Electoral Nacional como herramienta en todos los comicios nacionales y se contemplan casilleros específicos para el voto individual por categoría y un casillero para el voto por lista completa. Este último punto es motivo de rechazo para las fuerzas provinciales.
Respecto al desarrollo del proceso electoral, se establece que la campaña electoral iniciará 60 días antes de los comicios y finalizará 48 horas antes, prohibiendo los actos de gobierno que promuevan el voto durante los 25 días previos.
En materia de financiamiento público, se reestructura el uso del Fondo Partidario Permanente regulado en la ley 26.215, permitiendo que el aporte ordinario anual se utilice no solo para desenvolvimiento institucional y capacitación (donde es obligatorio destinar al menos el 10%), sino también para financiar campañas electorales. Como contrapartida, se eliminan los aportes públicos extraordinarios específicos que el Estado otorgaba para cada contienda electoral.
En cuanto al financiamiento privado, se fija un límite de aportes por persona humana o jurídica del 35% del módulo electoral por elector registrado, manteniendo la prohibición absoluta de recibir donaciones de contratistas del Estado, concesionarios, empresas de juegos de azar, sindicatos o personas procesadas o condenadas por delitos graves como lavado de dinero o corrupción.