La Justicia española denegó el pedido de los abogados del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para cuestionar el procedimiento, por lo que el juicio por lavado de dinero continuará. El hallazgo de las joyas, valuadas en más de 1,3 millones de euros, podría derivar en nuevas imputaciones por delitos fiscales.
La causa judicial contra el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reactivó tras la pausa del verano. Según informó el periodista Marcelo Molina en el programa Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, los abogados del expresidente intentaron cuestionar el procedimiento y alegaron problemas durante la instrucción. La Justicia denegó ese pedido y avaló todos los procedimientos realizados, incluido el allanamiento en su oficina.
La investigación comenzó en 2024 a partir de información surgida en Francia y Suiza sobre una presunta red de blanqueo de capitales vinculada con fondos provenientes de Venezuela. Según Molina, la causa no se origina en España, sino que llega mediante requerimientos a la Justicia española.
Uno de los elementos centrales del expediente son las joyas encontradas en una caja fuerte del despacho privado de Zapatero. Se trata de 103 piezas, entre collares, pulseras, anillos y aros. Fueron analizadas por especialistas y una joyería de Madrid, que establecieron un valor superior a 1,3 millones de euros. Las piezas incluyen collares de oro blanco con diamantes y rubíes naturales, valuados en 155.000 euros, además de joyas con zafiros y esmeraldas.
Según Molina, las joyas no habrían sido declaradas, lo que podría derivar en nuevas imputaciones. La investigación podría abrir líneas por delitos fiscales y patrimoniales, incluyendo ganancia patrimonial no justificada, defraudación tributaria y contrabando. La Fiscalía también analiza si las joyas podrían estar relacionadas con pagos o comisiones por actividades de lobby internacional.
En relación con Julio Martínez Martínez, señalado como presunto testaferro de Zapatero, Molina indicó que deberá declarar cuando sea citado por la Justicia y que no descarta acogerse al servicio de testigo de identidad reservada.