Un análisis de la situación política y social en Argentina, a un año de las elecciones presidenciales, examina la desarticulación de la oferta política, el empobrecimiento de la sociedad y las expectativas del electorado.
El sistema político argentino se encuentra en un proceso de reconfiguración. La estructura bipartidista que predominó hasta las elecciones de 2021 se ha desarticulado, y los partidos tradicionales enfrentan crisis internas y pérdida de apoyo territorial. Este escenario dificulta las proyecciones electorales para el próximo año, según un análisis basado en datos de encuestas y estudios socioeconómicos.
Crisis en el peronismo y el PRO
El peronismo atraviesa una crisis con múltiples dimensiones. Por un lado, el kirchnerismo enfrenta un conflicto interno entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien mantiene influencia sobre la estructura partidaria. Por otro lado, el despliegue territorial del peronismo se ha reducido: en 2011, el kirchnerismo contaba con 20 gobernadores; actualmente, hay nueve, de los cuales siete perdieron las elecciones legislativas del año pasado.
El PRO también se encuentra desarticulado, tanto en su relación con sus exaliados (radicalismo y Coalición Cívica) como internamente. Varios dirigentes han pasado a formar parte del oficialismo o colaboran con él, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, o el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La nueva pirámide social
Un informe del consultor Guillermo Oliveto, publicado en La Nación, describe la estructura social argentina según los ingresos familiares en el segundo trimestre de 2026. La clase alta (5% de la población) requiere un ingreso promedio de 14.000.000 de pesos; la clase media alta (17%) promedia 6.500.000; la clase media baja (26%) promedia 3.000.000; la clase baja (30%) promedia 2.500.000; y la pobreza (22% de los hogares) tiene ingresos inferiores a 1.500.000.
En comparación con junio de 2025, el piso de la clase alta aumentó de 6.500.000 a 9.000.000 de pesos, y el segmento de clase baja superior (no pobre) creció del 26% al 30%, mientras que la pobreza disminuyó del 26% al 22%. Este cambio se atribuye a la reducción de la inflación y al descenso de personas desde estratos superiores.
Deterioro del empleo y aumento de la informalidad
Entre febrero y mayo de 2026, se perdieron 89.000 puestos de trabajo en el mercado formal. El empleo informal y el cuentapropismo han aumentado desde 2022. Según el INDEC, la cantidad de personas que cocinan para vender comida y la trasladan (una modalidad precaria de delivery) pasó de 82.000 en el primer trimestre de 2023 a 190.000 en la actualidad.
Este cambio en el perfil laboral tiene implicancias fiscales: un monotributista aporta el equivalente al 3% de una jubilación promedio, mientras que un trabajador formal cubre el 31%. La reducción de empleos formales y el aumento de la informalidad afectan el financiamiento del sistema previsional.
Expectativas y estados de ánimo social
Según una encuesta de Hugo Haime, el 40% de los consultados se declara “triste y desanimado”, y el 38% siente “bronca”. El 34% prefiere mantener el modelo económico actual, mientras que el 65% desea algún cambio. Entre las políticas que se valoran del gobierno, la inflación baja y controlada es destacada por el 55%, seguida por la ausencia de piquetes (33%) y el control de los planes sociales (32%).
Otra encuesta, de la consultora Pulsar, indica que el porcentaje de personas que no se identifican con ningún partido político creció del 37% en 2023 al 42% en 2026. Los investigadores advierten que este grupo no es ideológicamente homogéneo.
Medidas del gobierno para reactivar la economía
El Ministerio de Economía estudia un piso salarial de 1.000.070 pesos para asistir a la clase media baja, aunque la línea de pobreza se ubica en 1.500.000. También se planea ofrecer créditos para la primera vivienda a través de fondos de la Anses, con una tasa de UVA más 7,5%.
El gobierno ha negado intervenir en el tema de los endeudados, aunque el Banco Central emitió recomendaciones sobre créditos. En una reunión de gabinete, Patricia Bullrich sugirió abordar el problema de los deudores para liberar consumo.
Debate sobre el modelo productivo
Se discute la política industrial, aunque el gobierno sostiene que la producción debe ser determinada por el mercado. Sin embargo, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) otorga ventajas impositivas a sectores como minería, petróleo y gas. En comparación, Venezuela, bajo un acuerdo con Estados Unidos, cobra regalías del 16% a las empresas petroleras, mientras que Argentina cobra el 12%.
El gobierno enfrenta el desafío de sostener la estabilidad fiscal y monetaria mientras intenta responder a las demandas sociales. El presidente Javier Milei ha mostrado pragmatismo en algunas decisiones, como la intervención en la tasa de interés para facilitar créditos hipotecarios, a pesar de su discurso liberal.