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domingo, 9 agosto, 2026
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El Gobierno enfrenta una semana de crisis por el decreto de practicaje y pilotaje

La aplicación del decreto 690 sobre practicaje y pilotaje de barcos generó una crisis que obligó al Gobierno a dar marcha atrás. El episodio expuso problemas de coordinación interna y falta de planificación operativa.

El lunes comenzó con la aplicación del decreto 690 sobre practicaje y pilotaje de barcos, una medida que generó una crisis breve y que expuso problemas de coordinación interna en el Gobierno, a casi tres años de gestión.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tenía como objetivo reducir los salarios de más de US$15.000 que perciben alrededor de 500 prácticos y pilotos navales. Durante dos años, la propuesta no encontró respaldo en el gabinete, en parte por la oposición de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con Alejandra Monteoliva al frente de Seguridad y Carlos Presti en Defensa, se resolvió ese obstáculo, ya que ambos garantizaron cobertura ante un posible conflicto.

La reacción de los trabajadores fue una medida de fuerza que paralizó 185 barcos. Al intentar activar los planes de emergencia, la Armada informó que solo contaba con seis oficiales disponibles y la Prefectura con ninguno. Además, se descubrió que los propios prácticos son quienes otorgan sus habilitaciones, lo que impidió recurrir a esa vía.

En 48 horas, las empresas del sector hidrocarburífero advirtieron que quedaban insumos para tres días. El martes, en la mesa política, Bullrich cuestionó a Sturzenegger, con el respaldo de Karina Milei. Se decidió dar marcha atrás sin derogar el decreto, acordando una baja salarial para los prácticos. Diego Santilli instrumentó el repliegue con la intervención de Santiago Caputo.

Un integrante de la mesa política señaló: “Quizás debimos haberlo analizado en la mesa política antes de firmar el decreto. Federico tiene buenas intenciones, pero no termina de contar con reflejos políticos. No podemos tomar una medida así y no tener garantías de poder sostener el conflicto. No midió el problema operativo”.

El episodio se suma a un mes y medio desde la salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, sin que se haya logrado un funcionamiento interno más fluido.

Entre los problemas identificados se mencionan: la llegada directa de Sturzenegger al presidente Javier Milei, que opera como un bypass a la mesa política; la falta de una voz ordenadora en esa mesa, que se amplió y perdió eficacia; y el aislamiento del presidente de la gestión diaria, que se profundizó tras la salida de Adorni.

En el caso de la ley de tierras, el Gobierno perdió rápidamente el debate público. No se articuló un discurso convincente para eliminar el límite a la compra de tierras por extranjeros, en un contexto de clima nacionalista posterior al Mundial. También se mencionó el hartazgo en el Congreso por los proyectos ómnibus redactados por Sturzenegger.

Gobernadores aliados, como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta), expresaron su cansancio por las indefiniciones de la Casa Rosada respecto del futuro electoral. “Nos están llevando de a poco y no resuelven nada”, fue la queja transmitida al Gobierno.

Según datos manejados en la Casa Rosada, la imagen positiva de la gestión pasó de 45% favorable a 35% favorable entre principio de año y la actualidad. La negativa pasó de 55% a 65%. La consultora Escenarios, de Federico Zapata y Pablo Touzón, concluye que “el deterioro oficialista dejó de ser coyuntural” y que “configuran un piso de malestar estructural que la sola estabilización monetaria ya no compensa”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, manifestó internamente su inquietud por la lentitud de la reactivación económica. Estaría dispuesto a resignar algo del ritmo de baja de la inflación para motorizar el crédito, el consumo y la actividad, pero Milei mantiene la inflación como prioridad total.

En las últimas semanas se discutió una propuesta para que los bancos puedan otorgar préstamos en dólares, con el fin de movilizar parte de los US$7000 millones encajados. Se llegó a un acuerdo y se prevé su anuncio en las próximas semanas.

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