El Boletín Oficial bonaerense autorizó al Municipio de General Rodríguez a utilizar equipos de fotomultas provistos por Tránsito Seguro S.A., empresa que figura en una investigación federal por convenios con la Universidad Nacional de San Martín.
El Municipio de General Rodríguez quedó habilitado para utilizar equipos de fotomultas provistos por Tránsito Seguro S.A., según una disposición publicada el 31 de julio en el Boletín Oficial bonaerense. La empresa aparece mencionada en una causa federal que investiga convenios de once municipios con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
La autorización fue emitida por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la Provincia de Buenos Aires. El texto habilita al Municipio a usar los dispositivos de constatación de infracciones en puntos definidos en el expediente administrativo e identifica a Tránsito Seguro como proveedora registrada.
La medida administrativa no implica una declaración sobre las investigaciones judiciales en curso ni prueba irregularidades. Confirma que la empresa cumple con el requisito formal de inscripción en el registro provincial de proveedores tecnológicos.
La causa, a cargo del Juzgado Federal de Tres de Febrero, dirigido por Juan Manuel Culotta, analiza convenios mediante los cuales municipios contrataron a la UNSAM para gestionar fotomultas. Esa universidad habría transferido tareas a su fundación (FUNINTEC) y a empresas privadas, entre ellas Tránsito Seguro.
Un informe de la unidad anticorrupción de la Policía Federal incorporado al expediente describió una cadena entre municipios, la UNSAM, FUNINTEC y Tránsito Seguro. La Justicia busca determinar si ese mecanismo provocó desvíos de recursos y si las subcontrataciones respetaron las normas aplicables.
La pesquisa estimó en alrededor de $1.900 millones el dinero supuestamente derivado durante 2024 dentro del conjunto investigado. Ese monto no corresponde exclusivamente a General Rodríguez y no existe sentencia que determine que fue desviado ni que responsabilice penalmente al intendente Mauro García.
Tránsito Seguro negó las acusaciones y sostuvo que el informe no detectó irregularidades. La empresa señaló que el Tribunal de Cuentas bonaerense no formuló observaciones sobre esta materia en los fallos de cuentas de General Rodríguez y otros municipios. También afirmó que sus equipos están homologados y que entregó la documentación requerida.
La autorización provincial permite el uso de los dispositivos, pero no sustituye la rendición de cuentas municipal. La Comuna deberá publicar el convenio vigente, su duración, el método de contratación, los porcentajes destinados a la Provincia, al Municipio y a cada operador, además de los costos de instalación, procesamiento y mantenimiento.
También corresponde informar la ubicación de cada cámara antes de que comience a labrar actas, los límites de velocidad aplicables, los certificados de homologación y calibración, la señalización preventiva y el mecanismo disponible para impugnar errores.
El Boletín Oficial recomienda realizar campañas de concientización antes de iniciar la constatación efectiva y repetirlas periódicamente. García deberá precisar cómo cumplirá esa condición y si las fotomultas ya tienen fecha de activación.