La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de reglamento para regular el uso de inteligencia artificial en el ámbito judicial y abrió una instancia de participación pública para recibir observaciones.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires decidió avanzar en la aprobación de un Proyecto de Reglamento para el Desarrollo y Uso Responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en la función jurisdiccional. En ese marco, se habilitó una instancia de participación pública para que las personas interesadas puedan presentar observaciones, comentarios y propuestas.
La iniciativa surge en un contexto en el que la IA ya se utiliza en estudios jurídicos, oficinas públicas, universidades y tribunales. La herramienta permite resumir expedientes, ordenar documentos, traducir textos, sistematizar jurisprudencia, detectar plazos, asistir en búsquedas normativas, analizar pruebas y sugerir respuestas a casos complejos.
El proyecto establece que la función jurisdiccional es indelegable e insustituible y no puede ser ejercida ni reemplazada por sistemas automatizados. Según el texto, la IA puede ser una herramienta, pero no un sustituto del operador judicial. Las sentencias no deben reducirse a predicciones estadísticas, sino contener razones y expedirse respecto de los alegatos y pruebas presentadas por las partes.
El reglamento distingue entre usos de bajo riesgo, alto riesgo y usos prohibidos. Esta clasificación permite habilitar ciertos usos y restringir otros según el grado de compromiso de los derechos e intereses en juego en un proceso. Por ejemplo, no es lo mismo utilizar la IA para mejorar la redacción de un texto que para determinar una medida cautelar o estimar riesgos de reincidencia en un proceso penal.
El proyecto también crea una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial, que estará bajo revisión constante frente al cambio tecnológico. La comisión tendrá a su cargo el diálogo institucional, diagnósticos, pruebas piloto, auditorías, análisis de impacto algorítmico, evaluación de sesgos, capacitaciones y estándares de seguridad.
En el plano internacional, la discusión se centra en definir bajo qué reglas, con qué controles y con qué grado de responsabilidad humana se incorpora la IA en la Justicia. El proyecto bonaerense se inscribe en ese debate y propone que el límite constitucional a su uso no es tecnológico sino institucional, exigiendo la decisión de los magistrados con responsabilidad, motivación, control y juicio humano final.