La Contraloría General de la Nación identificó que 20 particulares sin vínculo laboral con el Fondo Mixto Sierra Nevada habrían ejercido funciones de supervisión en 45 proyectos financiados con regalías, por un monto de 343.117 millones de pesos.
La Contraloría General de la Nación encontró un nuevo caso de posible corrupción en un fondo mixto creado en el departamento de La Guajira, según una auditoría revelada por la revista Cambio. El ente de control detectó que 20 particulares sin vínculo laboral con el Fondo Mixto Sierra Nevada habrían ejercido de hecho la vigilancia de 45 proyectos financiados con regalías y habrían quedado a cargo de al menos 343.117 millones de pesos.
La revisión concluyó que esos 20 contratistas de apoyo a la supervisión firmaron informes, autorizaron anticipos y aprobaron pagos en 45 proyectos de infraestructura, educación y saneamiento básico en 11 departamentos, pese a que esa función está reservada por ley a servidores públicos. También estableció que no existía contrato de supervisión ni acto que los facultara para desempeñar ese papel.
Según la información conocida, el equipo auditor revisó 49 contratos de prestación de servicios suscritos con esas 20 personas. A corte del año pasado, esos contratos habían generado honorarios por 1.254 millones de pesos. Aunque en teoría debían asistir a un supervisor de planta, en la práctica habrían asumido la supervisión directa e integral de los contratos de obra. El director ejecutivo Andrés Felipe Cleves Daza firmó oficios que los designaban como supervisores, sin que existiera un acto que les diera esa facultad.
Los proyectos revisados estaban repartidos en Sucre, La Guajira, Vaupés, Cesar, Meta, Putumayo, Cundinamarca, Huila, Amazonas, Vichada y Guaviare. El hallazgo señala que la Dirección Técnica del Fondo no ejerció control sobre esos encargos.
Según el documento oficial, seis contratistas habrían concentrado la mayor parte de esas funciones. La Contraloría halló que el ingeniero civil Luis Alejandro Martín Merchán habría quedado a cargo de 16 contratos de obra y autorizado pagos por 85.252 millones de pesos a constructoras e interventorías. A corte del año pasado, Martín Merchán habría recibido 460 millones de pesos en honorarios. El contratista Camilo Andrés Piñeros Gómez habría asumido otros diez convenios y aprobado 121.624 millones de pesos. La auditoría también indicó que a Piñeros Gómez le abrieron una investigación en la Procuraduría en noviembre de 2025 por un proyecto ejecutado en Barrancas, La Guajira. En ese mismo caso también son investigados el exalcalde Vicente Berardinelli y Andrés Felipe Cleves.
El resto de los contratos de obra y sus interventorías habría quedado en manos de José Alejandro Funeme Gamero, Xilena Bonnet Mojica Rojano, Karen Juliana Trujillo Caicedo, Iván Ricardo Rodríguez y Érika Cotes Guerra. Sobre Cotes Guerra, existen investigaciones pasadas que la vincularían a irregularidades por su múltiple participación en proyectos simultados. Entre junio de 2023 y marzo de 2024, Cotes Guerra habría supervisado casi al mismo tiempo 45 proyectos en municipios de cinco departamentos y cobró casi 1.000 millones de pesos en honorarios.
La auditoría señaló que los 49 contratos de prestación de servicios asignados a los 20 particulares tendrían funciones idénticas, aunque las obras presentaban características distintas. También registró una desconexión entre los perfiles contratados y los proyectos asignados. El hallazgo cita el caso de una ingeniera civil que habría sido vinculada a un proyecto ganadero. En conjunto, esos particulares habrían autorizado pagos por 281.298 millones de pesos a contratistas de obra e interventoría. El informe advierte que no existía un solo contrato de supervisión que les permitiera aprobar esos desembolsos.
El documento también señala que entre los 20 contratistas se habrían firmado documentos para “autopagarse” sus honorarios. Por ejemplo, Martín Merchán habría autorizado 207 millones de pesos a favor de Piñeros Gómez, y este, a su vez, habría aprobado 376 millones para Martín Merchán en otro de sus encargos.
Asimismo, el ente de control advirtió que los informes que debían certificar el cumplimiento de las obligaciones de esos contratistas debían llevar el aval del director ejecutivo del Fondo como supervisor simultáneo de los 49 contratos. La revisión encontró que varios de esos informes quedaron aprobados entre los mismos particulares designados de forma irregular. Además, de las 49 actas de inicio revisadas, 27 se habrían firmado antes de que existiera el respectivo registro presupuestal. Otras 22 se habrían suscrito sin la aprobación de las pólizas de garantía exigidas para la ejecución contractual.
La auditoría también estableció que en 48 de los 49 contratos se habría pagado un anticipo del 50% sin justificación técnica o financiera. Tampoco aparecieron los planes de inversión del anticipo exigidos por el manual de contratación del propio Fondo. A eso se sumó la revisión de los aportes a seguridad social y parafiscales. El hallazgo indicó que esa verificación no se hizo de forma consistente antes de autorizar pagos, pese a que el manual del Fondo y la Ley 1150 de 2007 exigían comprobar esos soportes.