El gobierno provincial presentó la iniciativa horas antes de su debate en la Legislatura, mientras que sectores opositores consideraron el acto como una sobreactuación.
La Ley Antibúnker fue el tema central de la agenda política en Córdoba. El gobernador Martín Llaryora, el ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, encabezaron una conferencia de prensa junto a la cúpula policial y penitenciaria, horas antes del debate en la Legislatura unicameral.
Según información recabada por PERFIL CÓRDOBA, la ley contaba con un dictamen de consenso que incorporaba cerca del 90% de las propuestas presentadas por el legislador del PRO Oscar Agost Carreño, además de aportes del proyecto radical de Oscar Saliba. La iniciativa que la Unicameral sancionará este miércoles por amplia mayoría incluye aportes de tres bancadas.
En el acto, Julián López explicó que la norma surge del trabajo con fiscalías antinarcotráfico y fuerzas de seguridad. Detalló que prevé una etapa administrativa a cargo del Ministerio de Seguridad y otra judicial que habilitará el derribo de inmuebles.
Martín Llaryora definió la ley como “una herramienta central” y “de innovación” para la provincia. Afirmó que en ocasiones su gestión debió avanzar “en soledad” con normativas de seguridad sin acompañamiento legislativo. Tanto el PRO como la UCR y el juecismo adelantaron su apoyo al proyecto.
Legisladores juecistas calificaron el anuncio como una “sobreactuación” del oficialismo, en un contexto en que la gestión de Quinteros enfrenta cuestionamientos por incidentes tras festejos futboleros y por el femicidio de Agostina Vega. En el radicalismo señalaron que acompañarán la sanción, aunque advirtieron que lo harán “después de lo que nos mostró” el caso Vega, en referencia a lo que consideran una reacción tardía del Estado provincial ante reclamos de seguridad.