La Sala I del tribunal sumó a Integridad Republicana al expediente que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal, en instrucción desde 2006.
La Cámara Federal, a través de su Sala I, incorporó este jueves a la asociación civil Integridad Republicana como querellante en la causa que investiga el presunto vaciamiento de la empresa estatal YPF. El expediente, que lleva 20 años en etapa de instrucción en el Juzgado Federal N° 4 a cargo de Ariel Lijo, suma así un nuevo actor procesal.
Integridad Republicana, representada por el abogado Carlos Negri, tendrá acceso al expediente, podrá proponer medidas de prueba y cuestionar los movimientos de la causa. La asociación había recusado previamente al juez Lijo, a quien acusó de haber anticipado una solución al litigio mediante la inacción, lo que consideraron un “prejuzgamiento encubierto”.
De la sociedad forman parte, entre otros, la ex número dos de la Unidad de Información Financiera durante la administración de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico; el radical Fabio Quetglas; y la exdiputada del ARI Marcela Campagnoli.
Los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que integraron la Sala I, ya habían constituido como querellante en 2024 a la ONG Contadores Forenses, la cual perdió participación tras el fallecimiento de Alfredo Popritkin. En ambos casos, los magistrados revirtieron la decisión del juez Lijo, quien había optado por no incorporar a estas organizaciones.
“Entendemos que resulta procedente su constitución como tal […]. Ello, en tanto los hechos y conductas que conforman el objeto de la pesquisa podrían conculcar derechos colectivos fundamentales de la sociedad en general, cuya defensa y protección se encontrarían abarcados por el objeto social de la organización”, señalaron los magistrados en su resolución.
La asociación se suma como querellante a las provincias de Mendoza y Chubut, que ya habían sido aceptadas como tales por el juez Lijo en una resolución de noviembre de 2024. Ambas provincias son patrocinadas por el abogado Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro durante la gestión de Macri.
El expediente tramita en el Juzgado Federal N° 4, bajo intervención de la Fiscalía 7, que durante los primeros años estuvo a cargo del fiscal Carlos Cearras y actualmente es dirigida por Ramiro González. La investigación no fue delegada.
Recorrido de la causa
La causa YPF se inició en 2006 a partir de una denuncia. En 2008, el Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a la compañía al adquirir el 25% de las acciones mediante préstamos que se pagarían con dividendos de la empresa. Según la denuncia, formulada y ampliada por Elisa Carrió, YPF sufrió un sobreendeudamiento del 800% entre 2005 y 2012, y se repartieron dividendos por 5.000 millones de dólares, de los cuales 1.700 millones habrían sido “inexistentes”.
En 2012, la estatización de YPF, impulsada por el entonces viceministro de Economía Axel Kicillof, desató un litigio internacional. La compra de acciones desatendió dos artículos del estatuto de la compañía que obligaban a realizar la misma oferta a los accionistas minoritarios. El Estado retomó el control mayoritario de la petrolera, que hasta entonces estaba en manos de la española Repsol.
El fondo Burford Capital adquirió los derechos para litigar de dos empresas del Grupo Petersen, que declararon haber quebrado tras la reestatización. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, condenó a Argentina a pagar 16.100 millones de dólares por incumplir el estatuto. En marzo de 2024, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó ese fallo, al sostener que las leyes de expropiación están por encima de los estatutos comerciales internos de una empresa.
Al frente de la estrategia argentina, que se mantuvo a lo largo de distintos gobiernos, estuvo, entre otros, Saravia Frías, actual abogado patrocinante de las provincias querellantes.