La decisión de la Corte Suprema permite que las autoridades migratorias evalúen determinados antecedentes penales al momento del reingreso.
Los residentes permanentes de Estados Unidos con antecedentes penales o procesos judiciales abiertos enfrentan un nuevo panorama tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Blanche v. Lau. El tribunal resolvió que las autoridades migratorias pueden considerar a un titular de una green card como solicitante de admisión cuando existan determinadas circunstancias previstas por la ley.
Quiénes deben enfrentar controles adicionales en los aeropuertos de EE.UU.
La resolución impacta principalmente en residentes permanentes vinculados con delitos incluidos en la sección 1182(a)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). Entre ellos aparecen infracciones catalogadas como delitos de bajeza moral, una categoría que comprende conductas como fraude, robo o falsificación, además de determinados crímenes relacionados con drogas.
“El gobierno puede considerar a una persona con green card como alguien que busca admisión tan pronto como haya cometido un delito que implique bajeza moral, incluso si la condena ocurrió después”, señaló el juez Clarence Thomas.
Con este criterio, la existencia de cargos pendientes o de elementos que permitan considerar que el hecho fue cometido puede ser suficiente para que un oficial deje de tratar al residente como alguien previamente admitido. La mayoría de la Corte concluyó que los funcionarios en la frontera no están obligados a demostrar con evidencia clara y convincente que la persona cometió un delito.
La resolución judicial se enmarca en el caso de Muk Choi Lau, un ciudadano chino con residencia permanente en EE.UU. que al regresar de un viaje, agentes fronterizos decidieron no readmitirlo automáticamente debido a un proceso penal relacionado con mercancía falsificada.
Qué cambia al regresar por un aeropuerto de EE.UU.
Cuando un residente permanente es considerado solicitante de admisión, el procedimiento migratorio cambia de manera significativa. En lugar de ser readmitido automáticamente, puede recibir un parole migratorio mientras se resuelve su situación.
En esos casos, las autoridades pueden retener la green card y entregar documentación temporal para acreditar la permanencia en EE.UU. Esa condición puede generar dificultades para realizar distintos trámites administrativos o laborales hasta que exista una definición migratoria.
Además, el cambio de estatus modifica el desarrollo de un eventual proceso de expulsión. Mientras que en un procedimiento de deportación el gobierno debe demostrar los fundamentos del caso, en un proceso de inadmisibilidad corresponde al propio residente acreditar que reúne los requisitos para ingresar a EE.UU.
Otras situaciones que pueden afectar el reingreso con una green card
La legislación migratoria también contempla otros supuestos en los que un residente permanente puede ser tratado como solicitante de admisión. Entre ellos figuran:
- Ausencias continuas superiores a 180 días
- El abandono del estatus de residencia
- La participación en actividades ilegales después de salir del país norteamericano
- La existencia de un proceso de remoción pendiente
- El intento de ingresar por un punto no autorizado
La decisión de la Corte Suprema fortalece la facultad de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para aplicar estas excepciones durante los controles realizados en aeropuertos, puertos marítimos y pasos terrestres.
En el caso Blanche v. Lau, la mayoría del tribunal sostuvo que la comisión del delito constituyó el elemento relevante para aplicar la excepción prevista por la ley, independientemente del momento en que se dicte una condena judicial.
Qué sucede si un residente con green card resulta absuelto
El fallo no elimina la posibilidad de que un residente conserve su estatus migratorio si finalmente no existe una condena penal. Sin embargo, durante el tiempo que dure el proceso, la persona puede permanecer bajo restricciones migratorias y enfrentar dificultades derivadas de la falta de una confirmación definitiva de su condición.
Esto implica que, aun cuando el gobierno no logre concretar una deportación, el afectado podría atravesar años de procedimientos administrativos antes de recuperar plenamente la estabilidad asociada a la residencia permanente.