A pesar de las advertencias de la ONU sobre inseguridad alimentaria, el Gobierno de Luis Arce se niega a admitir cualquier responsabilidad. El informe internacional advierte un deterioro agudo de la situación alimentaria en Bolivia entre junio y octubre de 2025.
Se menciona la inflación persistente y la caída de reservas internacionales como causas principales. Además, se prevé que el poder adquisitivo siga erosionándose en los próximos meses. Sin embargo, el oficialismo califica estas proyecciones como falsas.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, fue el encargado de rechazar el reporte. Afirmó que se busca generar zozobra con información errada sobre una supuesta “hambruna”. Enfatizó que Bolivia no aparece entre los países en riesgo crítico según la ONU.
También acusó a organismos internacionales de ignorar datos locales clave. Entre ellos, mencionó la agricultura familiar y los programas estatales de alimentación.
Negacionismo masista
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La negación del Gobierno contrasta con los datos presentados por la FAO y el PMA. Ambos organismos señalaron que el 19% de la población boliviana estaba en inseguridad alimentaria aguda en 2024.
Eso equivale a 2,2 millones de personas con acceso limitado a alimentos. La situación podría agravarse por falta de combustible. Esto afecta directamente a la producción agrícola en varias regiones del país.
El informe también resalta que la cosecha de maíz en 2024 fue inferior al promedio. La escasez de este alimento básico podría agudizarse por problemas logísticos. Bolivia ha visto disminuir su capacidad de importar debido a la caída de reservas.
La inflación sostenida también reduce el acceso a productos esenciales. Estos factores configuran un escenario preocupante para millones de ciudadanos.
A pesar de las aclaraciones del Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, la polémica sigue. La ONU indicó que Bolivia no fue clasificada entre los países en situación de hambruna. Pero ratificó que existe un riesgo creciente de inseguridad alimentaria.
También aclaró que el término “hambruna” se aplica bajo criterios técnicos específicos. Entre ellos se encuentran niveles extremos de hambre y mortalidad.
Desconectados de la realidad
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El oficialismo ha tratado de usar esta aclaración como una validación de sus políticas. Argumentan que los programas sociales y agrícolas siguen activos y funcionando. También aseguran que el país no sufre desabastecimiento ni colapso productivo.
Pero los datos sobre inflación y reservas internacionales muestran otra realidad. La brecha entre el discurso oficial y las cifras internacionales se hace cada vez más evidente.
Mientras tanto, diversas regiones rurales reportan falta de apoyo estatal. Productores pequeños afirman que no reciben insumos suficientes ni ayuda técnica. La escasez de diésel complica aún más las tareas agrícolas.
Muchas comunidades dependen de la cosecha de maíz para su subsistencia. El impacto se refleja en mercados con precios más altos y menor oferta.
La reacción del Gobierno evidencia una estrategia defensiva frente a organismos internacionales. En lugar de admitir errores o ajustar políticas, se optó por descalificar el informe.
Un modelo empobrecedor
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Esta postura ha generado críticas por parte de analistas y sectores de oposición. Acusan al MAS de desentenderse de los problemas reales que enfrenta la población. Y de priorizar su imagen antes que la seguridad alimentaria nacional.
El debate también reavivó cuestionamientos sobre la sostenibilidad del modelo económico actual. La dependencia del gasto público y la emisión monetaria ha generado inflación.
La escasez de dólares limita las importaciones necesarias para el sector productivo. Y la caída de ingresos por exportaciones complica aún más el panorama. Sin un cambio de rumbo, el deterioro económico podría intensificarse.
En las redes sociales, la ciudadanía expresó preocupación y desconfianza. Muchos usuarios compartieron imágenes de estanterías vacías y precios elevados. Otros cuestionaron el triunfalismo del Gobierno frente a la evidencia internacional.
Algunos economistas advirtieron que el país necesita medidas urgentes. Entre ellas, un plan serio de reactivación productiva.
El oficialismo sigue apostando por una narrativa de estabilidad. Según sus voceros, Bolivia está lejos de enfrentar una crisis alimentaria. Pero la realidad económica y social no respalda ese discurso.
Negar los problemas no los resuelve
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Las advertencias de la ONU, aunque matizadas, no deben ser ignoradas. Alertan sobre un escenario de riesgo que exige respuesta inmediata.
Bolivia no está sola en este diagnóstico. Colombia y Haití también fueron señalados como países con situaciones críticas. Sin embargo, mientras Colombia enfrenta violencia interna, Bolivia lucha con factores económicos.
Haití, por su parte, sigue siendo el caso más grave de la región. La comparación deja al país mal parado frente a otros con mayor inestabilidad.
Frente a este panorama, los expertos recomiendan fortalecer la transparencia de datos. Además, piden políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades del país.
La negación sistemática de los problemas no resuelve la crisis. Al contrario, la agrava. Si el Gobierno no reconoce la magnitud del deterioro, será difícil superarlo.
Negar el hambre no lo erradica. Los informes internacionales no son propaganda política. Son advertencias basadas en datos técnicos y análisis regionales.
El país necesita enfrentar la realidad con responsabilidad. Ignorarla le puede costar muy caro a la población.