El sector agropecuario argentino enfrenta riesgos climáticos con una cobertura de seguros limitada en comparación con otros países. Se detallan las características del sistema vigente, los antecedentes de sequías e inundaciones, y el marco regulatorio reciente para seguros paramétricos.
En la Argentina, la cobertura de seguros agrícolas se concentra principalmente en el riesgo de granizo, según información del sector. Los cultivos quedan expuestos a eventos como sequías e inundaciones sin protección específica. En contraste, en Estados Unidos, el programa Federal Crop Insurance Corporation (FCIC) subsidia parte de las primas y cubre más del 85% de la superficie elegible. En Brasil, el Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR) otorga recursos estatales a través del Plan Safra.
La ausencia de subsidios o incentivos fiscales en Argentina limita la adopción de seguros multirriesgo. Ante eventos climáticos extremos, se recurre a la Ley de Emergencia Agropecuaria, que permite postergar el pago de algunos impuestos cuando el daño ya ocurrió.
Datos históricos muestran el impacto de sequías en la economía y en la política argentina. En 1952, una sequía llevó al gobierno de Juan Domingo Perón a implementar un plan de austeridad. En 2018, otra sequía contribuyó a una crisis de balanza de pagos que derivó en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La sequía de la campaña 2022/23 produjo pérdidas por más de 20.000 millones de dólares, según estimaciones del sector.
En julio de 2026, la Superintendencia de Seguros de la Nación publicó la Resolución 315/2026 en el Boletín Oficial. Esa norma establece un nuevo marco regulatorio que incorpora un régimen específico para seguros paramétricos. Estos seguros utilizan indicadores objetivos, como déficit hídrico o temperaturas, medidos por tecnología satelital o estaciones meteorológicas homologadas. Si se alcanza el umbral preestablecido, el pago se activa de forma automática.
La Provincia de Córdoba implementó en 2026 un Seguro Multirriesgo Agrícola, financiado por el Estado a través del Fondo de Desarrollo Agropecuario. Ese programa cubre a productores adheridos al programa de Buenas Prácticas Agropecuarias.