El juzgado federal N°3 de La Plata procesó a la exdirectora de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y a la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, por su presunta responsabilidad en la distribución de fentanilo contaminado que causó la muerte de más de 130 personas. Ambas quedaron inhibidas para salir del país y con embargos por 500.000 millones de pesos.
El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, procesó a Nélida Agustina Bisio, exdirectora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y a Gabriela Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), por su presunta participación en el caso del fentanilo contaminado que provocó la muerte de más de 130 personas. El fallo, de casi 300 fojas, fue dado a conocer este martes.
Según el dictamen, las exfuncionarias quedaron procesadas, con inhibición de bienes, prohibición de salir del país y un embargo de 500.000 millones de pesos para cada una. La investigación se inició en mayo de 2025 y busca determinar las responsabilidades en la distribución de ampollas de fentanilo contaminadas con bacterias resistentes a los antibióticos.
El rol de la ANMAT en la cadena de fallas
El juez Kreplak sostiene que las muertes fueron el resultado de una combinación de factores: la presencia de bacterias en el fentanilo, el incumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) por parte de los laboratorios HLB y Ramallo, y la falta de control por parte de la ANMAT. En el fallo se indica que las autoridades sanitarias “toleraron y consintieron” las deficiencias de los laboratorios, lo que habría contribuido a la propagación del riesgo.
El dictamen señala que Bisio y Mantecón Fumadó se apartaron de los procedimientos administrativos reglados y de los criterios técnicos previamente establecidos. Según el juez, las máximas autoridades de la ANMAT y del INAME fueron alertadas por los niveles técnicos sobre los riesgos sanitarios de permitir operar a laboratorios que incumplían las BPF, pero no adoptaron las medidas preventivas correspondientes.
La carta de advertencia no firmada
Uno de los hechos centrales del fallo es la llamada “carta de advertencia” que debía enviarse al laboratorio Ramallo. El acta que documentaba las deficiencias en la planta fue firmada el 27 de diciembre de 2024, días después de la fabricación de las ampollas contaminadas. La carta, que incluía la propuesta de inhibir la producción total de medicamentos de Ramallo, fue redactada pero no firmada por las autoridades de la ANMAT hasta más de un mes después.
Mantecón Fumadó defendió su actuación argumentando que, aun si la carta se hubiera firmado antes, el fentanilo contaminado ya había sido fabricado. Sin embargo, el juez Kreplak señaló que la firma oportuna de la carta hubiera impedido la distribución del producto, evitando las muertes y lesiones de las víctimas.
Omisiones y acciones atribuidas a las exfuncionarias
El fallo atribuye a Bisio “mayores responsabilidades” que a Mantecón Fumadó. Según el juez, Bisio tenía conocimiento de las deficiencias críticas de los laboratorios desde al menos enero de 2025 y mantuvo una “actitud pasiva y permisiva” que favoreció el accionar de los laboratorios. El dictamen describe su conducta como una “comisión por omisión” y un “insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario”.
En cuanto a Mantecón Fumadó, el juez sostiene que no adoptó las medidas preventivas necesarias y que “cajoneó” una segunda carta de advertencia dirigida al laboratorio HLB. El fallo indica que Mantecón decidió no suscribir la carta ni fijar una posición formal, lo que impidió que se avanzara en la corrección de las irregularidades.
La causa también incluye 13 imputaciones contra ex empleados de los laboratorios HLB y Ramallo. Entre ellos se encuentra Ariel García Furfaro, quien apareció en los medios en 2020 como representante local de la vacuna rusa Sputnik contra el Covid-19.