El uso de herramientas de IA para presentar apelaciones y reclamos administrativos está generando un aumento significativo en la demanda de servicios públicos y judiciales en varios países, incluida la Argentina. Los sistemas diseñados para desalentar la litigiosidad mediante procesos complejos ahora enfrentan un volumen de solicitudes que supera su capacidad de respuesta.
El cofundador del Government Digital Service británico, Tom Loosemore, realizó un experimento con un agente de inteligencia artificial para evaluar el impuesto municipal de su vivienda. El sistema determinó que la propiedad estaba sobrevalorada en comparación con las lindantes y propuso los pasos para presentar una apelación ante el organismo correspondiente. Loosemore detuvo el proceso, pero señaló que el agente habría presentado una apelación con un costo de doce peniques.
En el Reino Unido, las apelaciones de beneficios sociales ante el Departamento de Trabajo y Pensiones crecieron más de un 60% desde 2022, según datos citados por el doctorando Chris Schmitz del Centre for Digital Governance de Berlín. El atraso en los tribunales laborales aumentó un 55% en un año y las peticiones de medidas cautelares urgentes se multiplicaron por cien, según informó The Economist en agosto.
El fenómeno no se debe a agentes autónomos que envían demandas de forma masiva, sino a personas que utilizan chatbots para redactar apelaciones y las presentan tras una revisión breve. Esta versión básica de la tecnología ya ha saturado sistemas que tardaron décadas en construirse.
En Argentina, los amparos de salud ante la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal pasaron de 1.130 en 2011 a 5.474 en 2018, y superaron los 10.000 en 2024, según datos oficiales. Nueve de cada diez amparos solicitaron cobertura de prestaciones y medicamentos ya contemplados en la cobertura obligatoria. Iniciar un amparo en la Ciudad de Buenos Aires cuesta un mínimo de tres millones y medio de pesos en honorarios de abogado.
La IA eliminó el costo de ejercer derechos que ya existían, pero que requerían procesos complejos. Los gobiernos enfrentan la disyuntiva de agregar fricciones específicas contra la IA o reformar los sistemas de apelación. The Economist propone tres salidas: reducir la creación de derechos que generen reclamos masivos, simplificar los sistemas de apelación y rehacer el Estado con IA para procesar solicitudes de manera automática.
La pregunta que queda abierta es si la IA que podría rehacer el Estado es la misma que evidenció que los sistemas actuales dependían de la deserción de los ciudadanos en sus reclamos.