A un año de las elecciones presidenciales, la gestión de Javier Milei registra una caída en la imagen pública y en la intención de voto, en un contexto de dificultades legislativas, conflictos internos y protestas sociales.
A poco más de un año para las próximas elecciones presidenciales, el presidente Javier Milei enfrenta un escenario de baja aprobación y caída en la intención de voto, según diversos sondeos. El mandatario también mantiene un perfil de aislamiento personal, aunque en las últimas semanas concedió entrevistas extensas a medios afines.
La reducción de la inflación mensual y el equilibrio de las cuentas públicas no se tradujeron en una mejora del poder adquisitivo de los salarios. El consumo se desaceleró y el endeudamiento de los hogares aumentó, lo que afectó a jubilados, trabajadores informales y sectores de clase media.
El estilo discursivo del presidente, caracterizado por la confrontación directa con gobernadores, legisladores, universidades, medios de comunicación y gremios, generó polarización. Este enfoque fortaleció su núcleo duro inicial, pero también provocó fricciones con sectores moderados que resultaron clave en el balotaje.
La gestión se ha desarrollado con una minoría relativa en ambas cámaras del Congreso. La dificultad para articular alianzas parlamentarias estables derivó en derrotas legislativas y en una alta dependencia del veto presidencial y de decretos de necesidad y urgencia.
Dentro del Poder Ejecutivo se registraron disputas públicas, distancias con la vicepresidenta Victoria Villarruel, salidas de funcionarios y denuncias de corrupción. El centralismo en el denominado «triángulo de hierro» también fue señalado como factor de tensión interna.
En el plano legislativo, distintos bloques opositores articularon mayorías circunstanciales para frenar iniciativas del Ejecutivo, impulsar comisiones investigadoras y aprobar proyectos con impacto presupuestario. Los gobernadores provinciales, ante los recortes de transferencias no automáticas y la suspensión de obra pública, endurecieron sus reclamos en la Justicia y en el Congreso.
Gremios, universidades públicas, movimientos sociales y agrupaciones de jubilados mantuvieron alta visibilidad en la calle, articulando demandas sociales con propuestas políticas opositoras. Además, comenzaron a aparecer en los medios nombres de posibles candidatos alternativos que, sin recurrir al populismo, podrían canalizar el descontento.
El escenario hacia el ciclo electoral mantiene interrogantes: la oposición fragmentada enfrenta sus propios problemas de imagen pública, por lo que el desenlace dependerá de la capacidad del Gobierno para transmitir un mensaje más esperanzador.