La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación admitió por ocho votos a favor y uno en contra una de las tres denuncias presentadas contra Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.
Este miércoles 19 de agosto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por amplia mayoría admitir una de las tres denuncias presentadas en el organismo contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, actuales vicepresidente y presidenta, respectivamente. La decisión se venía postergando desde el mes de abril.
En el debate tomó la palabra el senador y consejero Luis Juez, quien subrayó la importancia de abrir la investigación por la “gravedad institucional” que provoca en Córdoba la situación de los jueces imputados. Son pareja y ocupan dos de cuatro vocalías -hay dos vacantes- que tiene la Cámara. Es el tribunal que resuelve las apelaciones en materia jurisdiccional y todas las cuestiones de Superintendencia, incluidos nombramientos y ascensos de personal.
El Consejo de la Magistratura resolvió aplicar el artículo 11 del Reglamento que establece la admisión de la denuncia y sus derivaciones. Ahora Sánchez Torres y Montesi deberán designar abogado defensor y realizar su descargo. Tienen un plazo de 20 días hábiles a partir de que se formalice la notificación.
Los tres expedientes acumulados refieren a la presentación de la secretaria de la Cámara, Celina Laje Anaya, que los denunció ante el Consejo y en sede penal. El segundo se basa en el requerimiento de instrucción que comunicó el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. El tercero contiene las notificaciones del mismo juez sobre oficios que libró con medidas cautelares para proteger a la víctima y resguardar la investigación. Semanas atrás, los fiscales federales Maximiliano Hairabedián y Pablo Turano (de la Procuración General) pidieron el arresto domiciliario del camarista Sánchez Torres porque observan riesgo procesal.
La votación fue por ocho votos a favor de aplicar el Artículo 11 del Reglamento y uno en contra, perteneciente al consejero por la academia, Hugo Galderisi. En ese contexto, Luis Juez dijo que “el pedido de procesamiento del Ministerio Público Fiscal, con medidas de restricciones es extremadamente delicado”. Agregó que “hay mucha especulación” y que “este expediente prontamente se irá a la Comisión de Acusación”. A la hora de votar, el consejero y juez Alberto Lugones afirmó: “Estando la suerte echada, voto por no postergar el tratamiento”. Sus expresiones adquieren significado porque el camarista investigado Abel Sánchez Torres fue uno de sus asesores.
Además de las señaladas, hay otros dos expedientes. Uno fue iniciado por vecinos de Barrio San Antonio, en Córdoba, y consiste en un amparo ambiental. El otro consiste en una denuncia de un docente de la Facultad de Derecho. Ambas acciones son contra Sánchez Torres y Montesi. Todavía no se resolvió dónde quedará radicada una amplia denuncia contra los dos vocales que presentó la dirigente política Elisa Carrió. Existe la posibilidad de que se asigne directamente a la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques. En ese caso debería existir acuerdo con la de Disciplina, César Grau. Los expedientes que van a Acusación pueden desembocar en un juicio de destitución.