La Operación Hawala, del Ministerio Público brasileño, expone un circuito financiero que habría movido 19 millones de dólares entre 2021 y 2024 para el Primer Comando Capital, el Comando Vermelho y el Terceiro Comando Puro. El caso también revela una línea de investigación sobre vínculos con redes de financiamiento de Hezbollah y Al Qaeda en la Triple Frontera.
La Operación Hawala, llevada a cabo por el Ministerio Público brasileño y la Policía Civil de Río de Janeiro, documentó un circuito financiero que habría movido aproximadamente 19 millones de dólares entre 2021 y 2024. Según el expediente, el dinero habría sido lavado al servicio de tres organizaciones criminales de Brasil: el Primer Comando Capital (PCC), el Comando Vermelho (CV) y el Terceiro Comando Puro (TCP).
El caso se originó en una tienda de fundas para teléfonos celulares en una favela de Río de Janeiro controlada por el TCP. A partir de ese punto, los investigadores trazaron una red de empresas pantalla que operaban en la Triple Frontera, región que abarca Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina).
La denuncia formal presentada por los fiscales es por lavado de activos. La conexión con Hezbollah y Al Qaeda no figura en el comunicado oficial y permanece como una línea de investigación policial, no como un hecho probado en sede judicial.
El nombre de la operación hace referencia al sistema informal de compensación de deudas conocido como hawala, que permite transferir dinero entre países sin que los fondos crucen físicamente una frontera ni pasen por una entidad bancaria. Este mecanismo ha sido asociado por investigaciones internacionales al comercio en la Triple Frontera y a redes de recaudación en el Líbano.
La investigación detectó una relación comercial entre una empresa vinculada a los acusados y un hombre sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, señalado por integrar una estructura de financiamiento de Al Qaeda y Hezbollah. En el capítulo fronterizo del caso aparecen los hermanos Zayoun, de origen libanés, y otros apellidos de la colectividad, en operaciones que vinculaban firmas de pantalla en Río de Janeiro con operadores de la frontera.
El expediente también describe que las tres facciones, que mantienen conflictos territoriales en las favelas, compartían la misma estructura de lavado de dinero. Los investigadores señalaron que la guerra territorial y el negocio financiero funcionan de manera separada.
La Triple Frontera ha sido mencionada en casos anteriores. En 1994, tras los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA en Buenos Aires, se investigó a recaudadores de Hezbollah en la región. En 2018, fue detenido a pedido de la justicia argentina el jefe del clan Barakat. En diciembre de 2021, el Tesoro de Estados Unidos sancionó por primera vez a una red de Al Qaeda asentada en Brasil.
En 2023, un testigo paraguayo, David Rachid Lichi, entregó al fiscal argentino Sebastián Basso documentación de la firma Safio. Según esos documentos, entre 1989 y 2000 se habrían transferido unos 12 millones de dólares a Ali Hussein Abdallah, quien dio cobertura en la Triple Frontera a Salman Raouf Salman, acusado de coordinar la fase final del atentado a la AMIA. Solo en 1994, los depósitos habrían sumado dos millones de dólares, fraccionados en montos de entre 10.000 y 300.000 dólares. La técnica de fraccionamiento, conocida como smurfing, es la misma que describe la Operación Hawala tres décadas después.
Desde junio de 2024, el PCC y el Comando Vermelho fueron designados por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que habilita sanciones secundarias contra bancos o empresas que operen con sus estructuras. Esta designación agrega un riesgo sobre el sistema financiero de la región, incluida la Argentina.
La hipótesis de una convergencia entre el crimen organizado y redes de financiamiento del terrorismo aún no está confirmada judicialmente. Si se confirmara, sería la primera prueba de esa conexión. Si no se confirma, el expediente deja documentado el uso compartido de una misma infraestructura de lavado por parte de tres organizaciones enemigas.