La iniciativa de Unity Marine para producir 50.000 toneladas de salmón anuales en 16 sitios de las islas Malvinas generó una disputa entre impulsores y opositores. Un grupo de residentes reclama que la decisión se tome mediante una votación popular.
El proyecto de salmonicultura industrial en las islas Malvinas, impulsado por Unity Marine, prevé una producción de 50.000 toneladas de salmón por año en 16 sitios del archipiélago. La iniciativa, que representaría el mayor desarrollo industrial costero de la historia de las islas, es objeto de controversia entre sus habitantes.
Unity Marine es una empresa conjunta integrada por la pesquera local Fortuna y la firma danesa F-land ApS. La propuesta aún no fue presentada como solicitud de licencia, según indicó James Wallace, director gerente de Fortuna, quien defendió la necesidad de realizar una evaluación ambiental sólida antes de avanzar.
La dimensión del proyecto despertó preocupación por la biodiversidad de las aguas circundantes, que albergan krill, calamares, lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos. Una evaluación encargada por el gobierno isleño estimó que una producción de 30.000 toneladas anuales podría aportar 35 millones de libras por año y generar 133 puestos de trabajo en una comunidad de unos 3.500 habitantes.
Reclamo de referéndum
La organización Salmon Free Falklands (SFF), integrada por residentes que rechazan la salmonicultura, reclama que el futuro de la actividad sea definido mediante un referéndum. Sus miembros cuestionan la consulta pública que comenzó el 7 de agosto y permanecerá abierta hasta el 30 de octubre.
Sally Poncet, integrante de SFF, cuestionó los estudios realizados por encargo del gobierno. Según sostuvo, algunos de esos informes utilizan datos proporcionados por Unity Marine que no pueden verificarse. Además, advirtió sobre los posibles efectos de los desechos de las explotaciones sobre la fauna marina.
Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad de protección ambiental de Tasmania y asesora de SFF, señaló que la capacidad de carga del ecosistema aún no fue determinada mediante un proceso científico riguroso. También puso en duda la respuesta ante eventuales mortalidades masivas de peces, por las dificultades logísticas de operar en un territorio remoto.
Postura del gobierno isleño
El gobierno isleño afirmó que “ni defiende ni se opone a la salmonicultura” y explicó que los estudios disponibles buscan analizar diferentes escenarios y aportar información al debate público. Según las autoridades, esos documentos no constituyen evaluaciones ambientales definitivas ni autorizaciones para desarrollar un proyecto determinado.
Antecedente en Tierra del Fuego
En Argentina, Tierra del Fuego prohibió en 2021 el cultivo y la producción de salmónidos en sus aguas lacustres y marítimas. Esa normativa fue modificada en diciembre de 2025: se mantuvo la prohibición en el Canal Beagle y se habilitó la posibilidad de desarrollar acuicultura sustentable en otros sectores, sujeto a estudios de impacto ambiental.
Debate público y antecedente judicial
La discusión en Malvinas incluyó reuniones con especialistas. La semana pasada, según Penguin News, dos consultores canadienses invitados por Unity Marine presentaron información sobre la experiencia de British Columbia. Los residentes consultaron sobre contaminación, ruido y efectos sobre mamíferos marinos. Los expertos reconocieron que serían necesarios estudios específicos en las islas.
El proyecto tiene un antecedente judicial: en 2022, el gobierno rechazó la salmonicultura, pero Unity Marine consiguió una revisión judicial al argumentar que debía realizarse una consulta en todo el archipiélago. Posteriormente, las partes acordaron dejar sin efecto esa resolución y establecer el proceso de consulta actual.