En el primer semestre de 2026 se registraron 132 concursos preventivos de empresas formales en la Ciudad de Buenos Aires, un 70% del total de 2025. Se proyecta el cierre de 3.070 empresas industriales y la pérdida de 105.000 puestos de trabajo.
Durante el primer semestre de 2026, 132 empresas formalmente constituidas presentaron su proceso de quiebra en la Ciudad de Buenos Aires, según datos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Este número equivale al 70% de los 190 concursos preventivos registrados durante todo 2025 y supera los 106 casos de 2020, año del pico de la pandemia de Covid-19.
El titular del Departamento Tributario de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Germán Pizzano, confirmó estos datos y señaló que la situación se proyecta peor. Se estima que durante 2026 cerrarán 3.000 industrias registradas, a las que se suman emprendimientos informales. La cadena de pagos se ha extendido hasta 180 días en algunos sectores, lo que incrementa los costos financieros y eleva el riesgo de cesación de pagos.
Pizzano afirmó que la coyuntura económica generó “un estado de cesación de pagos socialmente instalado” en el universo pyme. En ese sentido, consideró necesario el dictado de una normativa transitoria para evitar quiebras y remates de bienes. “El empresario pyme necesita tiempo para recuperar un capital de trabajo positivo y la única forma de conseguir ese tiempo valiosísimo es una legislación de Emergencia”, declaró.
Un referente industrial de Santa Fe, que pidió reserva de identidad, indicó que aproximadamente el 70% de las pymes de esa región no alcanza el punto de equilibrio. También advirtió que la cadena de pagos “se está aletargando mucho, con plazos de más de 120 días”. En cuanto a la presión fiscal, sostuvo que las delegaciones de ARCA tienen la orden de “recaudar, no importa la situación”, y que a los 60 días de mora se activan ejecuciones fiscales.
Vicente Lourenzo, coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), confirmó que las ejecuciones y embargos de ARCA se convirtieron en el “problema número uno de las pymes”. Ante la caída de las ventas, las empresas no logran cubrir impuestos corrientes y planes de pago, y al caerse estas facilidades, la deuda se retrotrae a “montos siderales imposibles de afrontar”.
CAME envió una carta a los presidentes de bloque del Congreso solicitando un capítulo en la Ley de Inocencia Fiscal para suspender temporalmente las ejecuciones. La propuesta incluye un régimen de facilidades de hasta 48 cuotas, condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación del 50% de la tasa pasiva del Banco Nación.
En el sector textil, un dirigente fabril que pidió anonimato aseguró que la actual avalancha de quiebras marca un “récord absoluto”, superando “amplísimamente la pandemia, el 2001 y la década de los 90”. Según el empresario, los plazos de cobro en indumentaria se extendieron hasta 180 días, lo que impide reponer el capital de trabajo. También mencionó la reaparición de cheques rechazados y la morosidad de clientes históricos.
La Fundación ProTejer informó que en mayo de 2026 la industria textil operó con más del 60% de las máquinas apagadas. La producción cayó 26,2% interanual en ese mes, y el mercado interno está capturado en un 70% por importaciones. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre diciembre de 2023 y abril de 2026, la cadena textil, indumentaria y calzado perdió 942 establecimientos y redujo su plantilla laboral en un 21%.
El economista Diego Coatz, de la consultora I+D, elaboró un relevamiento que proyecta el cierre de 3.070 empresas industriales en 2026 y la pérdida de 105.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Coatz afirmó que el sector productivo atraviesa “un proceso de destrucción regresiva del entramado productivo, con menos empresas, menor capacidad de inversión y mayor pérdida de empleo y conocimiento industrial”.
El último informe de la Fundación Encuentro detalló que en el primer trimestre de 2026 el ingreso promedio de los hogares argentinos fue de $2.800.000 mensuales netos. Sin embargo, el 78% de los hogares percibe menos que esa media, y un 21% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El documento sostiene que esta concentración de ingresos explica la depresión del consumo masivo, a pesar de las mejoras macroeconómicas.