Abigail Spanberger publicó un mensaje en redes sociales contra el gobierno federal, semanas después de que el Departamento de Justicia la demandara por dos leyes estatales.
La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, publicó un mensaje en redes sociales contra el gobierno de Donald Trump. La mandataria estatal se refirió al presidente republicano y a sus aliados en el Congreso.
“Sé que estamos viviendo en un tiempo de gran división. Y este presidente, su administración y sus aliados en el Congreso avivan esa división a diario”, afirmó Spanberger en un posteo en X.
La gobernadora demócrata sostuvo que existe un interés común que puede unificar a los ciudadanos. “Si hay una cosa que puede unificarnos, es la noción de que queremos mantener nuestras comunidades seguras y fuertes”, declaró.
Spanberger y Trump mantienen una serie de cruces que incluyen una demanda presentada por el Departamento de Justicia (DOJ) en junio contra Virginia, su fiscal general y el fiscal del condado de Fairfax. En esa acción judicial, el DOJ cuestionó dos leyes impulsadas por Spanberger que limitan las facultades de las agencias federales en el territorio estatal.
La administración republicana argumentó que estas normas interfieren con sus competencias en seguridad e inmigración. El fiscal general interino, Todd Blanche, calificó las leyes como políticas “antifuerzas del orden” que ponen en riesgo a los agentes.
Una de las leyes cuestionadas es la SB 352, que prohíbe el uso de máscaras tácticas por parte de fuerzas de seguridad durante procedimientos oficiales y exige que los agentes muestren una identificación con su nombre y organismo. El DOJ sostiene que los estados no pueden regular la vestimenta ni los métodos operativos de los oficiales federales. El fiscal general adjunto, Stanley Woodward, afirmó que la ley afecta la seguridad de los agentes y la eficacia de las investigaciones criminales.
La segunda normativa es la SB 783, que impone restricciones sobre los acuerdos del programa 287(g), que permiten la colaboración entre fuerzas locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ley exige condiciones específicas de jurisdicción y transparencia tecnológica para mantener estos vínculos. El gobierno federal afirmó que estos requisitos dificultan la operatividad del programa y la identificación de personas con estatus migratorio irregular.