Indalecio Dangond, ministro de Agricultura designado, advirtió que el Decreto 765 de 2026 acelera la transferencia de predios administrados por la SAE a la ANT y podría afectar la seguridad jurídica y los derechos de las víctimas.
El ministro de Agricultura designado, Indalecio Dangond, emitió un comunicado oficial en el que expresó su preocupación por el Decreto 765 de 2026, emitido por el gobierno de Gustavo Petro. Según el texto, la norma acelera la transferencia de predios rurales administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso.
Dangond sostuvo que el decreto “pasa por encima de la seguridad jurídica y las víctimas” y afirmó que la reforma agraria no debe basarse en “atajos jurídicos” ni en la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación. Señaló que muchos inmuebles no han sido sometidos al saneamiento jurídico correspondiente, lo que podría generar controversias legales.
“El campo necesita tierra productiva, pero también reglas claras, debido proceso y respeto por los derechos de campesinos, propietarios, terceros de buena fe y víctimas”, declaró Dangond. El gobierno entrante revisará el alcance del decreto para garantizar que la política de tierras avance con legalidad y seguridad jurídica.
El decreto reglamenta un mecanismo que permite a la ANT recibir predios rurales en extinción de dominio en cualquier etapa judicial, con el objetivo de fortalecer la política de acceso a la tierra. La norma reduce los tiempos entre la administración de la SAE y la incorporación de los inmuebles al banco de tierras. Se fundamenta en los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, que establecen el deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra y fomentar la producción agrícola.
Según juristas consultados, el decreto cambia la lógica de administración de activos al permitir que la ANT asuma la posesión de los predios mediante un procedimiento expedito de transferencia, saneamiento registral e inscripción, incluso sin entrega física. La medida busca agilizar la adjudicación de predios a campesinos, pero plantea interrogantes sobre la disponibilidad de bienes para la reparación de víctimas del conflicto armado. El decreto preserva las medidas cautelares de procesos de Justicia y Paz y restitución de tierras, pero prioriza la destinación temprana de otros predios rurales a la reforma agraria, lo que podría reducir los activos disponibles para reparación, según expertos.