El juicio oral por la muerte de Diego Maradona tiene a siete trabajadores de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Se trata de Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna.
El juicio oral por la muerte de Diego Maradona tiene a siete trabajadores de la salud imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual. Son Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni, Ricardo Almirón y Pedro Di Spagna. Según lo expuesto en los tres meses que lleva el debate oral en San Isidro, al menos la mitad de ellos habría tenido un rol protagónico en el equipo médico del astro del fútbol y no habría delegado funciones.
En el juicio, los imputados centran sus defensas en responder solamente por las tareas que técnicamente les correspondían, según consta en las audiencias.
Leopoldo Luque
El neurocirujano Luque fue el más apuntado al principio del debate oral. Solicitó ampliar su indagatoria ante los jueces al menos ocho veces para contestar a las acusaciones en su contra. La principal acusación que pesa sobre él es que era el médico de cabecera o de confianza de Maradona. No hubo ningún testigo que no lo sindicara como el responsable máximo de la salud del Diez. Sin embargo, a favor de Luque, quedó en claro que al momento de decidir la internación domiciliaria donde Maradona murió, anticipó que ya no se iba a hacer cargo. El neurocirujano dijo a sus colegas y a la familia de Diego que daba un paso al costado después de la operación de cabeza de Maradona. También aclaró que solo iba a seguir viendo al Diez en calidad de amigo y como persona de confianza. Lo que lo complica es que hay pruebas que muestran que firmó el acta de externación, siguió el día a día de Diego en Tigre a través del personal que estaba en la casa, opinó sobre su cuadro y, si había alguna complicación, él seguía siendo la máxima autoridad para consultar.
Agustina Cosachov y Carlos Díaz
Agustina Cosachov, la psiquiatra, es de las imputadas más mencionadas en todas las audiencias. Las pruebas expuestas en el juicio hasta ahora confirmaron que la psiquiatra era la encargada de la internación domiciliaria, según declaró Leopoldo Luque; también a quien llamaban diariamente para hacerle el reporte de lo que pasaba en la casa y la que hacía de interlocutora con la familia del Diez. Sobre el día de la muerte, los testigos que estuvieron en la vivienda afirmaron que Cosachov entró a la habitación de Diego a las 11 de la mañana, que salió y dijo: “No nos quiere atender”. En realidad, ya estaba muerto.
Carlos Díaz, el psicólogo, estuvo con ella en esa situación. De los integrantes del cuerpo médico personal de Maradona, es al que menos mencionan en el debate. Había ingresado al equipo apenas un mes antes del fallecimiento y a fin de tratar la adicción al alcohol del Diez. Quedó claro que lo vio pocas veces, que su tratamiento iba teniendo resultados favorables y que su trabajo consistía en tener sesiones espaciadas en el domicilio de Tigre. Del debate también surgió que Cosachov y Luque al principio no lo querían. La exposición que hizo su defensor Diego Olmedo en los lineamientos de apertura del juicio indicó que a Díaz lo complican solo unos chats de WhatsApp en los que opina por demás sobre la situación de Maradona y habla despectivamente de las hijas.
Nancy Forlini
Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga, también es muy mencionada. De ella dependía la llegada del equipamiento de la internación domiciliaria donde murió Maradona. Los médicos tratantes (Cosachov y Luque) le pedían a ella lo que necesitaban y su rol era autorizarlos. El problema que podría ser una de las bases de todo lo que ocurrió es que la psiquiatra que tenía que hacer las solicitudes dijo no haber leído el acta de externación donde decía explícitamente que la prepaga solo se iba a encargar de contratar el servicio de enfermería, cuidadores médicos y una ambulancia en una posta cercana. Forlini además se había puesto en el rol de interlocutora entre la psiquiatra y los enfermeros que trabajaban en la casa de Diego. Sin embargo, según se constató en el debate, el sistema de comunicación tenía fallas.
Mariano Perroni y Ricardo Almirón
El rol de Mariano Perroni, coordinador de los enfermeros, quedó claro que solo era administrativo. Lo único que hacía era recibir por WhatsApp los informes diarios del personal que estaba en la casa, responder con un “ok” y encargarse de que Forlini estuviera al tanto. Fue el único de los imputados que advirtió con tiempo que la casa no estaba preparada para una emergencia. La prueba que lo complica es que él habría obligado a una enfermera (Gisela Dahiana Madrid, que va a juicio por jurados) a completar la planilla de enfermería del día de la muerte con datos alterados.
Ricardo Almirón, enfermero acusado, es el único que no fue a ninguna audiencia del juicio y que no declaró ante los jueces. No se lo nombra demasiado, pero cuando aparece en los relatos, siempre forma parte de la escena de la muerte de Maradona. Lo complican los relatos de los testigos que estuvieron en el lugar el día del hecho: Almirón estaba de guardia hasta las 6 de la mañana del 25 de noviembre. En la noche del 24 lo entró a ver a Diego y puso en su planilla que estaba óptimo, aunque horas después empezó a morir. Entre las 5 y las 6 de la mañana siguiente hizo el relevo con la enfermera Madrid. Un testigo que los vio afirmó que Almirón no entró a la habitación a revisar a Maradona antes de irse.
Pedro Di Spagna
Pedro Di Spagna, el médico clínico acusado, es el último de la lista. Intervino como consultor en dos oportunidades durante la internación domiciliaria del Diez y una de esas veces Maradona no lo quiso recibir. Quedó claro que no era el médico clínico designado para la internación domiciliaria y que tampoco tenía injerencia en este sentido en la salud del Diez. Lo que lo deja expuesto para los fiscales es que lo integraron al grupo de WhatsApp donde estaban todos los médicos y mandó algunos mensajes.
El juicio todavía tiene, por lo menos, dos meses más de debate oral antes de los alegatos finales de las 14 partes que integran el proceso. El veredicto podría estar cerca de fin de año. Por el delito de homicidio simple con dolo eventual, los imputados podrían recibir una pena de entre 8 y 25 años de prisión.