La gobernadora Kathy Hochul y la fiscal general Letitia James presentaron una demanda contra la administración de Donald Trump para defender un paquete de leyes estatales que regulan la actuación de agentes migratorios y restringen acuerdos locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Nueva York presentó una demanda contra la administración de Donald Trump para defender un paquete de leyes estatales que limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), refuerzan la transparencia en los operativos migratorios y restringen el uso de recursos públicos en la aplicación de políticas federales de inmigración.
Según un comunicado oficial de la oficina de la gobernadora Kathy Hochul, la demanda busca proteger un conjunto de leyes estatales aprobadas recientemente que establecen mecanismos de rendición de cuentas para las fuerzas de seguridad y regulan la participación de autoridades locales en procedimientos migratorios federales.
Esta acción judicial se presentó después de que el Departamento de Justicia (DOJ) demandara al estado para bloquear disposiciones sobre identificación de agentes, uso de máscaras y acuerdos 287(g), mediante los cuales autoridades locales pueden colaborar con funciones federales de inmigración.
Además, el denominado “zar de la frontera” de la Casa Blanca, Tom Homan, advirtió sobre un incremento de agentes federales de inmigración en Nueva York como represalia por la aprobación de estas medidas.
Qué leyes migratorias busca defender Nueva York
El nuevo paquete legislativo incorpora varias disposiciones destinadas a modificar la forma en que actúan las fuerzas de seguridad dentro del estado, especialmente en contextos relacionados con la inmigración. Entre las medidas más importantes se encuentran:
- La prohibición para que agentes policiales locales, estatales y federales oculten su identidad mediante el uso de máscaras cuando interactúan con la población.
- La obligación de que todos los agentes exhiban de manera visible su identificación y el organismo al que pertenecen.
- La prohibición para que los gobiernos locales y las agencias policiales celebren acuerdos que les permitan actuar como agentes migratorios federales.
- La prohibición de detener personas únicamente por infracciones civiles relacionadas con las leyes federales de inmigración.
- La prohibición de utilizar subsidios públicos para financiar centros de detención migratoria de carácter civil.
Uno de estos cambios comenzará a regir este viernes 26 de junio y apunta directamente a la identificación obligatoria de los agentes que participan en operativos dentro del territorio estatal. Otra de las iniciativas centrales es la denominada Ley de Policías Locales y Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act), que busca asegurar que las fuerzas de seguridad municipales concentren sus recursos en los problemas de seguridad comunitaria y no en la ejecución de políticas federales de deportación masiva.
Operativos del ICE en Nueva York
De acuerdo con el comunicado difundido por la oficina de la gobernadora, las autoridades estatales consideran que la creciente presencia de agentes federales encapuchados generó preocupación en distintas comunidades del país norteamericano. El documento sostiene que numerosos operativos vinculados a la agenda de deportaciones masivas se llevaron adelante con funcionarios que no se identificaron correctamente ante la población, una situación que, según el estado, deteriora la confianza pública y aumenta el riesgo de que personas ajenas a las fuerzas de seguridad suplanten a agentes oficiales.
Declaraciones de las autoridades
La gobernadora Kathy Hochul afirmó: “Una placa conlleva la responsabilidad de mantener la confianza pública. Los neoyorquinos merecen saber quién está haciendo cumplir la ley en sus comunidades y tener la seguridad de que los recursos locales se utilizan para proteger la seguridad pública, no para intimidar ni para promover la agenda de una agencia federal fuera de control”. Agregó que las nuevas normas representan los valores de Nueva York y que el estado no abandonará esas políticas ante las amenazas provenientes de Washington.
La fiscal general Letitia James sostuvo: “Al ocultar sus rostros y negarse a portar identificación, ponen en peligro a los neoyorquinos y evaden deliberadamente la rendición de cuentas”.