La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, declaró ante el Congreso que el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón sustrajo y manipuló pruebas relacionadas con la catástrofe del 29 de octubre de 2024.
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, aseguró este miércoles en el Congreso de los Diputados que el Gobierno autonómico de Carlos Mazón «sustrajo» y «manipuló pruebas» para evitar que se conociera lo ocurrido el día de la dana del 29 de octubre de 2024, en el que murieron más de 220 personas. «Lo que pasó el día 29 fue la anatomía del despropósito», afirmó.
En su comparecencia ante la comisión de investigación de la dana, Bernabé reiteró sus acusaciones de falta de previsión y de inoperancia contra la Generalitat Valenciana. Según explicó, el Gobierno de España estuvo a disposición de la dirección de la emergencia, dando información en tiempo real, pero la Generalitat no proporcionó toda la información, ni las llamadas del 112 ni el análisis de sus registros, por lo que la coordinación «fue asimétrica».
Bernabé señaló que, a diferencia de años anteriores, en 2024 no hubo una reunión previa de coordinación ante la previsión de las danas. La preemergencia se activó el 24 de octubre y la alerta roja se declaró la misma mañana del 29. En ese contexto, Bernabé canceló una cita en Córdoba, llamó a la directora de Protección Civil del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, para tener activada la Unidad Militar de Emergencias (UME), y a las 12.20 horas llamó a la consejera Salomé Pradas para ofrecer la UME. La Generalitat desatendió el ofrecimiento, lo que Bernabé calificó como un punto de inflexión: «Si eso se hubiese hecho a las doce de la mañana, probablemente todo hubiese cambiado radicalmente».
La delegada afirmó que no fue convocada al Centro de Coordinación de Emergencias (CECOPI) hasta las cinco de la tarde y sospechó que, si no hubiera avisado a las 12.20, ni siquiera la habrían citado. Horas después, habló con el ministro Fernando Grande Marlaska cuando sonaba el mensaje de alerta, pasadas las ocho de la noche, y también con la vicepresidenta, que había hablado con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, tras horas de desconexión.
Casi un mes después, a través de los medios de comunicación, Bernabé se enteró de que había 19.000 llamadas en el CECOPI. «Me enteré de que habían manipulado un audio donde decían ‘ahora nos tenemos que preocupar nosotros de los barrancos’. Y hace cuatro días supe que a las seis de la tarde ya sabían miembros del CECOPI que se estaba desbordando el río en Chiva, y un poco más tarde en Torrent. Ellos lo han negado una y otra vez», sostuvo.
Bernabé subrayó que fue la primera persona en hablar de un desbordamiento en una ciudad de la Zona Cero, a las siete y cinco de la tarde, tras hablar con la alcaldesa de Paiporta. «¿Cómo iba a imaginar que no hacían su trabajo?», añadió, y remarcó que quitarle la competencia a la Generalitat habría sido peor, pues era la Administración más cercana al terreno.
Su conclusión fue que «lo que pasó el día 29 fue la anatomía del despropósito» y que la gestión del CECOPI «se hizo mal», porque lo importante es la prevención, «y ese día no hicieron lo que hoy sí están haciendo» ante la previsión de nuevas danas. A ello sumó «los bulos» y «la manipulación de algunas de las pruebas»: «Han sustraído pruebas de manera irregular, las han manipulado y las han llevado a los medios. Las grabaciones de las llamadas del 112 salieron del CECOPI de forma irregular, eso es evidente, y que las manipularon es evidente», afirmó.
También acusó a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, de haber mentido ante la comisión de investigación cuando dijo que recibió un correo electrónico que indicaba al Ayuntamiento de Valencia que no podía ejercer funciones de seguridad ciudadana.
Respecto a las labores de reconstrucción, Bernabé explicó que «se encontraron con una catástrofe de dimensiones tremendas», lo que llevó a habilitar mecanismos del Estado que no existían. «Era inédito», sostuvo. Destacó que el Estado ha invertido más de 9.600 millones de euros desde el Gobierno para la reconstrucción y que el consorcio ya ha pagado más del 90% de las compensaciones, «y lo que queda es mínimo y casi anecdótico».