El intendente de Córdoba asumió responsabilidad institucional tras confirmarse que el principal sospechoso por el femicidio de Agostina Vega trabajaba en el municipio.
El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, reconoció fallas en los filtros de contratación de la comuna luego de conocerse que Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio de la adolescente Agostina Vega, se desempeñaba como empleado en el área de tránsito del municipio. El jefe comunal asumió la responsabilidad política y confirmó el desplazamiento de funcionarios de su gabinete.
Según declaró Passerini, la intendencia recibió más de 200 avisos referidos a trabajadores que cumplirían condenas vigentes, lo que motivó un requerimiento masivo de datos para evaluar cada situación.
Como respuesta, el Ejecutivo local enviará un proyecto de reforma laboral al Concejo Deliberante. La iniciativa estipula que todos los empleados municipales presenten sus certificados de antecedentes penales cada seis meses, modificando la normativa actual que exige dicho documento cada cuatro años. Además, prevé la aplicación obligatoria de test de consumo de estupefacientes para la totalidad de la planta, con un enfoque de asistencia médica.
La investigación sobre los antecedentes de Barrelier expuso que el sospechoso ingresó a la administración pública bajo el respaldo del entonces concejal Ricardo Moreno, quien además ejerció como su abogado defensor en una causa previa por privación ilegítima de la libertad. Ante la negativa de Moreno a renunciar, el bloque oficialista ejecutó su desplazamiento del cuerpo deliberativo mediante el regreso a su banca de Raúl La Cava, quien interrumpió su licencia en el gabinete del Ejecutivo.