El Poder Ejecutivo solicitó al Senado la devolución de la candidatura de María Verónica Michelli para integrar un tribunal oral, tras la negativa del presidente de la Comisión de Acuerdos a tratarlo. La medida reavivó el debate sobre el peso de los lazos familiares en decisiones institucionales.
El Poder Ejecutivo retiró del Senado el pliego de María Verónica Michelli para ocupar un cargo como jueza en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de La Plata. La decisión fue comunicada formalmente por el Gobierno luego de que el presidente de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, el senador Juan Carlos Pagotto (La Rioja), se negara a presentar el expediente.
Michelli había superado todas las instancias previas del concurso y su candidatura contaba con dictamen favorable de la comisión. El pliego había sido enviado al Senado por el propio Poder Ejecutivo. La senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, anunció públicamente que se oponía al retiro de la candidatura y que haría uso de la objeción de conciencia.
La candidata es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, autor de artículos sobre el caso $Libra y el patrimonio del vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros temas vinculados al Gobierno. No se ofrecieron explicaciones oficiales sobre los motivos del retiro, ni se registraron objeciones a los antecedentes profesionales de Michelli.
El caso se suma a otras situaciones en las que funcionarios o candidatos vieron afectadas sus carreras por vínculos familiares, según antecedentes registrados durante gobiernos anteriores. Entre ellos, el desplazamiento de Osvaldo Giordano de la Anses en febrero de 2024, luego del voto negativo de su esposa, la diputada Alejandra Torres, a la ley ómnibus; y la salida de Sonia Cavallo de la representación argentina ante la OEA, tras críticas de su padre, el exministro Domingo Cavallo, al rumbo económico del Gobierno.
Durante el kirchnerismo, numerosos oficiales de las Fuerzas Armadas vieron bloqueados sus ascensos por vínculos familiares con militares que habrían actuado durante la década del 70. También se registró el caso del abogado Ignacio Rodríguez Varela, hijo del exministro de Justicia de la última dictadura, quien ganó más de 30 concursos pero no accedió a determinados cargos judiciales durante años.